Belorado: la «fiesta» del medio millón la pagan las clarisas
Medio millón de euros. Es la cantidad que se estima que vaya a tener que desembolsar la Iglesia para hacer frente a los gastos que generan las ex clarisas de Belorado, hasta que pueda culminarse el desahucio que ha decretado la jueza de Briviesca a la espera del recurso previsto por el grupo cismático. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el desembolso realizado desde que en mayo de 2024 decidieran romper con Roma asciende a 420.000 euros. A esto habría que añadir las hipotecas y préstamos pendientes de pagar, que estarían rondando los 735.000.
Pero, ¿quién está pagando la «fiesta» de las ocho monjas excomulgadas? La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, que agrupa a 27 monasterios pertenecientes a la Orden de Santa Clara y la que pertenecía también la comunidad que lideraba la ya ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, de nombre civil Laura Gil de Viedma. Son ellas, como últimas responsables de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, quienes deben acarrear con estos desembolsos hasta que se dé por terminada la batalla judicial. De no asumirlo, las inquilinas de Belorado podrían haber llegado a acusarlas de un supuesto delito de coacciones. Por este motivo, han pagado «religiosamente» la media de 25.000 euros mensuales en suministros y otras partidas, desde los recibos de la electricidad, el agua y el gas, a las facturas de los teléfonos y las nóminas de los trabajadores que siguen en activo. Por el contrario, los pocos ingresos que llegan de Belorado estarían concentrados en las pensiones de las cinco monjas ancianas, que rondan los cinco mil euros. Y es que el dinero que están obteniendo del restaurante que abrieron en marzo en Arriondas, de la venta de sus dulces, de las demás actividades que lleven a cabo y de los escasos donativos que reciben se los están quedando ellas y no están contribuyendo a paliar ninguna de estas partidas.
Austeridad cuestionada
No es ni mucho menos habitual que un monasterio de vida contemplativa, aun contado con ocho mujeres y cinco ancianas dependientes, maneje estas cifras económicas. Así lo ha manifestado sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas que capitanea todo el operativo: «Es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la comunidad». Máxime, teniendo en cuenta la austeridad con la que están llamadas a vivir. En este sentido, hacer frente a las deudas de las inquilinas de Belorado estaría suponiendo un agujero significativo a las arcas de los demás conventos. A pesar de la capacidad de ahorro de las monjas por la vida sencilla que llevan, los ingresos en estos últimos años también se han visto mermados en todos los monasterios a la vez que han aumentado las necesidades por la edad media de las religiosas.
Sin embargo, son precisamente las aventuras empresariales, inmobiliarias y financieras emprendidas en estos años por las ahora ex clarisas las que podrían haber llevado a este desfase económico. Prueba de ello es que han llegado a tener más de una decena de empleados contratados antes de que estallara el cisma. De hecho, ya se especuló con el hecho de que, más allá de las diferencias teológicas que las ha situado del lado del sedevacantismo que no reconoce la autoridad de ningún Papa posterior a Pío X, el origen de la ruptura con Roma vendría dada precisamente por una frustrada operación de compraventa de los conventos de Orduña y Derio.
Hay quien considera que la huida hacia delante de sor Isabel de la Trinidad vendría dado por el hecho de que habría quedado al descubierto su errada gestión también a la hora de afrontar los negocios que abanderó, desde los bombones de alta cocina hasta el criadero ilegal de perros, pasando por la polémica casa rural que regentaban en uno de los edificios de Derio y cuya licencia les denegó el Ayuntamiento y posteriormente fue ratificada por vía judicial.
Desde Belorado niegan de plano esta tesis del dispendio y a lo largo de este año de desencuentros han concentrado sus ataques en la figura del comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, acusándole de «asfixia» y de «infame coacción».
Lo cierto es que cada vez que desde Belorado han lanzado estos dardos la comisión gestora que lidera Iceta, de la mano de la Federación de Clarisas, han puesto sobre la mesa a través de diversos comunicados todas las partidas destinadas a sufragar sus entuertos, aclarando, por ejemplo, que la intervención de las cuentas bancarias en su momento se hizo precisamente para actuar con transparencia y con responsabilidad a la tarea que se les encomendó.
De hecho, las ex clarisas no han facilitado hasta la fecha información alguna al respecto y los envites judiciales que han intentado abrir en esta materia no han prosperado.
De hecho, fruto de esta auditoría del equipo de Iceta se habría descubierto un presunto fraude por el que las monjas cismáticas habrían estado cobrando la pensión de una monja fallecida en 2022. La religiosa fallecida, una nonagenaria procedente del monasterio de Derio, no fue dada de baja en los registros de la Seguridad Social, lo que permitió que su subsidio siguiera ingresándose. Desde Belorado se apuntó a un error que podría deberse a una negligencia administrativa.
El enigma judicializado de los lingotes
Entre los movimientos financieros cuestionables del grupo cismático también se encuentra el haber vendido parte de los más de cuatro kilos de lingotes de oro durante la pandemia donde invirtieron sus ahorros, que ascendían entonces a unos 250.000 euros. La ex abadesa está inmersa en un proceso judicial por la supuesta venta ilegal de 1,7 kilos de oro en enero por un valor de 130.000 euros. Según plantea el Arzobispado de Burgos, la ex abadesa no podría vender los lingotes como si ella fuera la propietaria, en tanto que pertenecen a la comunidad y, ella, al dejar de ser monja y católica, como sucede con la titularidad de los conventos, ya no es administradora de esos bienes, sino el comisario pontificio. En cualquier caso, el importe recibido solo lo han visto ellas, no la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.