Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió la decisión que suspende las investigaciones fiscales contra la mandataria Dina Boluarte y aseguró que el fallo no se dirige a la persona de la mandataria, sino al cargo que ocupa y justificó el trato diferente que se le dio a Pedro Castillo en su gobierno.
"Tenemos una situación muy concreta (...) nunca hablamos de la presidenta, sino de quien preside. Lo del señor Castillo es una situación muy especial, él ha dado un golpe de Estado. No creo que se deba equiparar una situación con la otra", señaló en canal N.
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Pacheco también reconoció que los criterios del máximo intérprete de la Constitución podrían variar en el futuro, al advertir. "Si cambia el colegiado, pueden cambiar los criterios". Además, afirmó sentirse tranquila porque "no está de acuerdo con la impunidad".
Por otra parte, la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, mostró su rechazo a la reciente decisión y dijo que "es una burla a la eficiencia de la investigación penal porque el tiempo borra las huellas".
Cabe recordar que la presidenta Boluarte presentó una demanda competencial con el objetivo de frenar las investigaciones en su contra, como el caso Rolex, en el que se le acusa por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, el caso Cofre por el presunto encubrimiento al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, las muertes en protestas a fines de 2022 e inicios de 2023 y el caso Cirugías por el supuesto delito de abandono de cargo y omisión de funciones.
TC impide que Fiscalía investigue a Dina Boluarte hasta que termine su mandato
El Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, referida a las pesquisas contra la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución. En su fallo, el TC declaró fundada la demanda y dispuso que las investigaciones queden suspendidas hasta la conclusión del mandato presidencial, es decir, después del 28 de julio de 2026.
"Culminado el mandato presidencial, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben continuar ejerciendo sus competencias constitucionales, en armonía con los principios (...) de modo que las investigaciones suspendidas respecto a su persona continúen con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial", dictamina la resolución.