El sábado entra en vigor el nuevo acuerdo entre Marruecos y la UE para los productos del Sáhara
Los agricultores españoles están en pie de guerra con la Unión Europea. El nuevo acuerdo con Marruecos, por encima de lo que dictaminó el Tribunal Superior de la Comunidad, concede, en su opinión, ventajas a los productores del país vecino sin respetar decisiones judiciales que daban la razón a los saharauis. En opnion de Jóvenes Agricultores-ASAJA “sienta un peligroso precedente, socava la equidad del mercado y pone en tela de juicio el respeto de la UE por las resoluciones internacionales”.
Una de las principales preocupaciones –subraya-- es el mecanismo de etiquetado propuesto, ya que la creación de un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos como si fueran de origen marroquí, constituye un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los productores europeos. Este sistema permite que las mercancías entren en el mercado de la UE sin pagar los aranceles legalmente exigibles, agrega.
El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, entrará en vigor el sábado, según fuentes diplomáticas que cita EP. Los Veintisiete hayan dado este miércoles su visto bueno a nivel de embajadores a la propuesta de la Comisión Europea para renovar el acuerdo. Ahora, será necesario el visto bueno de los gobiernos, tras lo que el nuevo acuerdo quedará adoptado y podrá aplicarse de forma provisional desde el 4 de octubre, cuando se cumple un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que daba razón al Frente Polisario sobre la explotación de los recursos del antiguo Sáhara español.
La UE se compromete a financiar proyectos en sectores clave de la región en relación con gestión de recursos hídricos, energía o lucha contra la desertificación y a aumentar la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).
De este modo, Bruselas pretende dar cumplimiento a la disposición de la sentencia del TJUE que afirmaba que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales no debía ser necesariamente explícito, sino que podía darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja.