12.000 euros de indemnización para una mujer sin papeles: fue despedida por tener que operarse de apendicitis
El caso se remonta a cuando la demandante, una mujer de nacionalidad guatemalteca que carecía de permiso de trabajo y residencia en España, fue contratada como cuidadora interna de una persona mayor. Su empleadora no la dio de alta en la Seguridad Social, situación que configuraba una relación laboral en la economía sumergida.
La trabajadora se sometió a una intervención quirúrgica por apendicitis, tras lo cual regresó a su puesto de trabajo al cabo de tan solo cuatro días, aun cuando todavía no le habían retirado los puntos de sutura.
A pesar de esta rápida reincorporación, la empleadora decidió prescindir de sus servicios notificándole el despido a través del servicio de mensajería WhatsApp. Este acto motivó que la trabajadora interpusiera una demanda reclamando sus derechos, iniciándose así un proceso judicial que ha culminado con un fallo a su favor.
Fundamento de la indemnización por daño moral
La sentencia de primera instancia había condenado a la empleadora al pago de 5.655 euros, que incluían una indemnización y los salarios de tramitación. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco enmendó parcialmente esa resolución, declarando nulo el despido y considerando probada la vulneración de un derecho fundamental de la trabajadora. Como consecuencia, el tribunal elevó la indemnización total añadiendo 7.000 euros en concepto de daño moral.
En su fundamentación, el tribunal señaló que "es clara la vulneración de derecho fundamental" y que la indemnización por daño moral encaja en la legislación aplicable. Subrayó además que, dadas las circunstancias personales de la trabajadora y la extinción de la relación laboral, no era posible la readmisión, haciendo por tanto necesario el resarcimiento económico.
De este modo, la trabajadora recibirá una indemnización global de 12.000 euros. La sentencia sienta un precedente sobre la protección de los derechos laborales de los trabajadores en situación administrativa irregular, especialmente ante despidos que vulneran derechos fundamentales.