La crisis del poder tradicional
En toda sociedad moderna, la estabilidad del orden democrático entre mandato y mandato popular ha dependido —en buena medida— de la relación entre quienes detentan el poder económico y quienes ejercen el poder político. En el Perú, durante décadas, esa alianza se sostuvo sobre una suerte de pacto tácito. Hoy, este parece encontrarse resquebrajado.
La crisis de las élites empresariales tradicionales no se expresa únicamente en la pérdida de influencia que las atraviesa. Es, más profundamente, una crisis de legitimidad y de sentido histórico. El sociólogo Max Weber advertía que la autoridad solo se sostiene cuando quienes obedecen reconocen en quien manda una forma de racionalidad o de ejemplaridad. He ahí la importancia de que quienes obtienen poder económico y político puedan entenderse también como sujetos de Estado; es decir, individuos que asumen su poder real con responsabilidad ante el desarrollo del país. Por supuesto, legitimados en mayor o menor medida por los ciudadanos que tienen, por cierto, demandas reales que cubrir en el día a día y que son quienes otorgan el verdadero poder a cualquier clúster empresarial, habido y por haber.
Son estos ciudadanos quienes hoy rechazan constantemente a los congresistas que intentan hacer campaña tras el paupérrimo desempeño de su gestión como parlamentarios miembros de la coalición gobernante. Que Keiko Fujimori haya tenido que lanzar su candidatura prefabricada en privado, y un expresidente del Congreso como Eduardo Salhuana de APP haya sido expectorado entre pifias en Madre de Dios, entre muchos otros casos de similar índole que ocurrieron y seguirán pasando, habla del hartazgo generalizado de una población que ya no les cree.
El politólogo Francisco Durand describió con precisión ese fenómeno en su estudio de toda una vida sobre los grupos de poder. Por ejemplo, con crítica advertía sobre la poco transparente relación entre los cargos públicos y los directorios privados, donde las fronteras entre el interés general y el particular se disolvían. Este mecanismo, por no tener una perspectiva de Estado, y que no es más que una mirada de largo plazo, ha contribuido a corroer dicho vínculo unido por el mercantilismo. Por ejemplo, se ha visto cómo una ley absolutamente perjudicial para el Estado, como la ley Chlimper, ha sido finalmente aprobada tras varios años de intento. Mientras que una ampliación del Reinfo se ha dado con pocas semanas de negociaciones. Sin más.
El debilitamiento paulatino del Estado ha dado lugar a la emergencia de un capitalismo paralelo, fuera de lo institucional, donde la competencia ya no se subordina a la cercanía, sino a la de poderes que están fuera del reconocimiento institucional tradicional, vinculados algunos a sectores ilegales y corruptos.
La erosión del poder tradicional ha abierto paso a nuevos actores —mercantilistas, ilegales o periféricos— que se mueven en las sombras del sistema político. Es una redistribución del poder sin trazabilidad y además disperso.
Al respecto, Hannah Arendt reflexionaba que cuando el poder deja de ser una construcción compartida y pasa a fragmentarse entre intereses que no reconocen un espacio común, lo que sigue no es la libertad, sino la anarquía o el autoritarismo.
El Perú atraviesa ese tránsito, y lo vienen observando también desde otras latitudes. Que hoy los candidatos no busquen la validación de la élite económica ni la rendición de cuentas ante la ciudadanía es un fenómeno nuevo y que puede ser muy peligroso, ya que carece de visión de país.
Se trata de una crisis de las élites empresariales tradicionales, la cual debería motivarlas a tomar decisiones que promuevan liderazgos con visión de Estado que sean concertadas y con perspectivas de largo aliento. Y, por otro lado, la acción colectiva ciudadana que, desde su rol vigilante, sea quien doten de estructura a los poderes económicos actuales y aquellos que se seguirán conformando en el devenir histórico nacional. Todo ello bajo la guía de una ética que no es más que la de una sociedad republicana que aspira al desarrollo.