Nueva investigación contra Keiko Fujimori: red de motorizados y sobres manila para mover S/ 1,3 millones
Nueva investigación contra Fuerza Popular. Keiko Fujimori y otros cinco fujimoristas son investigados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en las modalidades de conversión y ocultamiento. Según la fiscal Manuela Villar, se habría reunido más de S/1 millón de soles de origen posiblemente ilícito para financiar una serie de impugnaciones electorales contra los votos obtenidos por Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral del 2021 y que le dieron la victoria. El dinero habría sido entregado en sobres manilas y trasladado por motorizados.
La Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos involucra en la investigación a: Keiko Fujimori, presidenta del partido; Luis Fernando Galarreta, secretario general nacional; Miguel Ángel Torres, subsecretario nacional; Karina Beteta, tesorera; Lindman Miranda, contadora; y Liliana Takayama, representante de Fuerza Popular.
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Los mencionados habrían actuado como parte de una presunta organización criminal operativa desde el partido, durante la campaña electoral del 2021.
El objetivo, de acuerdo con la tesis fiscal, habría sido captar fondos en efectivo de origen presuntamente ilícito para canalizarlo de forma clandestina hacia la campaña electoral. Los fondos habrían sido entregados "sin trazabilidad bancaria, mediante sobre cerrados y por intermedio de motorizados", se lee en el documento.
Dinero de origen presuntamente ilícito
La cifra asciende a aproximadamente S/1'309,770.00, monto incorporado al sistema financiero entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de 2021, sin que exista un respaldo para justificar de manera lícita su procedencia.
Según el partido, el monto se usó para pagar 1,384 tasas administrativas ante el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales a fin de interponer solicitudes de nulidad de mesas de sufragio, apelaciones y observaciones de actas vinculados al proceso electoral del 2021. la cual no ha sido justificada, y constituye un indicio de posible sobrevaloración o simulación de gastos.
Distribución de pago presentado por Fuerza Popular
| Concepto | N° Tasas | Costo Unitario | Subtotal |
| Nulidad de mesas de sufragio | 942 | S/1,100 | S/1'036,200 |
| Apelaciones | 367 | S/660 | S/242,220.00 |
| Apelaciones de actas electorales observadas | 75 | S/418 | S/31,350 |
| Total | 1,384 tasas | S/1'309,770 |
Distribución del pago que se hizo ante el JNE
| Concepto | N° Tasas | Costo Unitario | Subtotal |
| Nulidad de mesas de sufragio | 942 | S/1,100 | S/1'036,200 |
| Apelaciones | 367 | S/660 | S/242,220 |
| Apelaciones de actas electorales observadas | |||
| Total | S/1'299,300 |
Además, el partido solo reportó oficialmente ante la ONPE un gasto de S/1'286,058.00 lo que genera una diferencia no explicada de S/23,712.00. Para la Fiscalía, esto evidencia la "falta de transparencia en el manejo de fondos y sugiere la existencia de recursos de procedencia no justificada".
Sumado a ello, también habría irregularidad en la cifra declarada (S/1'286,058.00), pues un primer monto (S/1'258,708) fue recaudado en un corto periodo posterior a la segunda vuelta electoral, entre el 9 y el 30 de julio de 2021; mientras que la cifra restante (S/27,350) corresponde al periodo previo, entre septiembre 2020 y julio de 2021.
"Ambos montos, significativos por su cuantía, concentración temporal y falta de trazabilidad, no fueron canalizados mediante el sistema bancario ni registrados ante los órganos de fiscalización electoral", precisa el documento.
Algunos aportantes niegan haber contribuido
De acuerdo con la Fiscalía Supraprovincial el primer monto (S/1'258,708) corresponde a aportes en especie, es decir, contribución de bienes o servicios; sin embargo, las declaraciones recogidas por el despacho de la fiscal Manuela Villar revelan que los propios aportantes habrían entregado el dinero en efectivo, ya sea directamente al partido o mediante terceras personas.
Si bien en algunos casos, Fuerza Popular entregó una "supuesta boleta", la Fiscalía sostiene que ello "no garantiza trazabilidad financiera no permite verificar el origen ni el destino de los fondos".
Incluso, existe un grupo de nueve personas incluidas como aportantes por un total de S/38,500, pero que niegan haber contribuido. Estos son: Fabiola Merchor, Katherin Torres, Omar Moreyra, Roberto Alarcón, César Labajo, Aparicio Almeida, Fredy Rojas, Stephan y Jorge Gastelu. Los aportes que les han atribuido fueron registrado entre junio y julio del 2021.
Aportantes sin capacidad económica
Por otro lado, se identifica a dos ciudadanos registrados como aportantes, pero que no tendrían la capacidad económica para contribuir con los montos que se les atribuyen.
Se trata de S/ 27,350.00 atribuidos principalmente a los ciudadanos Alejandro Saldarriaga León y Edwin Tuesta Vásquez, quienes figuran como contribuyentes reiterativos en el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2021. Juntos han realizado un total de 27 aportes.
Sobre esto, la investigación fiscal señala: "Este patrón irregular evidencia una dinámica de aportación atípica, que carece de naturalidad económica y no se condice con una conducta espontánea, voluntaria o razonable de colaboración partidaria".
Keiko Fujimori no aclaró el origen del dinero
Al ser cuestionada por las presuntas irregularidades, el 28 de agosto del 2023, Keiko Fujimori guardó silencio. Solo se dedicó a cuestionar la competencia del despacho de Manuela Villar.
No explicó por qué algunos aportantes niegan haber contribuido o no cuentan con la capacidad económica suficiente para justificar los montos atribuidos a su nombre. Tampoco explicó las razones por las cuales no se bancarizó el dinero ni brindó detalles sobre la captación y uso del dinero.
El que la investigada no haya brindado una "explicación razonable, coherente ni verificable", para la Fiscalía "consolida la imputación preliminar y justifica la formalización de la investigación preparatoria".
En ese sentido, "se atribuye a Keiko Fujimori haber tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron utilizados por decisión suya o bajo su dirección, para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero".