Congreso: proyecto de ley exigirá a influencers tener título profesional si quieren difundir información
El congresista Wilson Soto de Acción Popular impulsa un proyecto de ley que obligaría a que solo profesionales titulados o con certificaciones oficiales puedan crear contenido en internet sobre temas como salud, educación, seguridad o patrimonio. Si un creador incumple estas disposiciones, podría enfrentar inhabilitaciones de hasta tres años, además de otras sanciones, lo que podría atentar contra la libertad de expresión digital.
“Regular la actividad de los creadores de contenido digital, y establecer los derechos, las obligaciones y condiciones para su ejercicio, especialmente en la difusión de materias vinculadas a la salud física y mental, la educación de calidad, la seguridad y el patrimonio, requiriendo para ello conocimiento especializado, veracidad y objetividad”, se lee en el documento presentado.
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Además, la propuesta señala que los influencers, streamers, líderes de opinión y medios digitales deberán inscribirse en un Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Para poder acceder a ese registro cuando publiquen sobre temas sensibles, deberán contar con título profesional o una certificación oficial que acredite su especialidad.
Soto sostiene que la regulación es necesaria porque muchos creadores en redes sociales “abusan” de la libertad de expresión y difunden información que podría poner en riesgo la salud mental o la seguridad de los ciudadanos. Cabe resaltar que ya existen normas sobre publicidad engañosa y responsabilidad por daños.
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En ese contexto, para ser considerados influencers el proyecto exige que los creadores sean mayores de edad, que cuenten con título profesional o certificación en la materia sobre la que publican y que se encuentren inscritos en el registro oficial. En el caso de menores de edad, la administración deberá estar a cargo de un adulto responsable. Es decir que la propuesta convierte la creación de contenido en una actividad regulada casi como una profesión colegiada.
Las sanciones previstas incluyen tres tipos principales: inhabilitación para ejercer la actividad por entre 60 días y tres años, inhabilitación profesional en casos muy graves, y multas de hasta 5 UIT por difundir información falsa sobre curación o tratamiento de enfermedades, alimentación o contenidos que afecten la seguridad o el patrimonio.
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Congresista Soto justifica su proyecto. "En China ya se regula"
El congresista que presentó la iniciativa argumentó con casos de estafas y desinformación difundidos por personas con amplia audiencia en redes pero sin formación técnica precisa. Según su justificación, la única manera de evitar que la población sea engañada es imponer filtros profesionales a quienes usan plataformas digitales para hablar de temas sensibles.
Durante una entrevista con Canal N, el parlamentario incluso mencionó a países como China como ejemplo de regulación digital, aunque matizó diciendo que, en el Perú, su proyecto sería solo un punto de partida para el debate en comisiones. “No es que queremos cortar la libertad de expresión. En otros países, como en China, ya se regula este tema. Planteamos que, para hablar de un tema específico, la persona, que tiene una plataforma, mínimo tiene que conocer, tener una carrera”, expresó.