Enrique Beltrán Ruiz, el notario detenido durante la operación Titella (marioneta, en catalán) como presunto facilitador del productor y ventrílocuo José Luis Moreno para hacerse con alrededor de 50 millones de euros, vuelve a estar señalado por otra supuesta víctima. Aunque no está procesado finalmente en el caso del mediático gurú televisivo, a Beltrán le señala otra empresa como el muñidor de una estafa que ascendería, en primer término, a 550.000 euros, sin contar el lucro cesante, el daño emergente ni el reputacional, que escalarían la cantidad total reclamada a 2,1 millones. Junto al notario hay denunciados tres responsables, así como la propia mercantil Verum. La querella criminal, a la que ha tenido acceso ABC, le imputa la presunta comisión de los delitos de estafa agravada continuada, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida o, subsidiariamente, administración desleal. Este asunto comenzó cuando la mercantil Verum Investments contactó con la empresa Interlatin. Se presentó como «un vehículo financiero de alto nivel, capaz de aportar 14 millones de dólares para coinvertir en las actividades privadas de Interlatin bajo la promesa de una operación conjunta, no accionarial ni crediticia». El denunciante asegura que, para dar apariencia de legalidad y seriedad a la oferta, Verum canalizó la operación a través del notario Beltrán . Fue él quien autorizó una escritura pública en la que constaba esa inversión conjunta de 14 millones de dólares. Primero, abonaría el primer millón en 15 días y el resto del capital, en 30. «La intervención de Enrique Beltrán –explica Julen Martínez, de Valmaseda Abogados y autor de la querella– no fue un elemento accesorio, sino nuclear para que Interlatin confiara en la veracidad de la operación». Hasta el punto de que la empresa supuestamente estafada aceptó las condiciones y comenzó a realizar pagos previos (por gastos, comisiones, pólizas, estructuras bancarias...) exigidos por Verum como paso previo a la recepción de los fondos. En definitiva, que los inversores nunca tuvieron «intención real de culminar» el abono de los 14 millones, sino que se sirvieron de esa treta para quedarse con los pagos previos. Desde Verum hicieron numerosas reclamaciones a sus víctimas, con decenas de correos electrónicos por fijando fechas para el pago, que nunca llegaba, desde enero de 2022. Como consecuencia del engaño, Interlatin afirma que «mantuvo bloqueada su capacidad financiera y comercial, perdió oportunidades de negocio relevantes y, finalmente, se vio incluso abocada a rescindir contratos comerciales históricos», como el de distribución con Hewlett Packard/Keysight. Los denunciados jamás pagaron los 14 millones, ni siquiera el primero que debían abonar en quince días. Y sus víctimas se enteraron, en medio de todo este proceso, del papel que la «escritura autorizada por el notario Beltrán fue la piedra angular que otorgó credibilidad jurídica y económica al proyecto, al recoger como información precontractual y bajo fe notarial unos términos de inversión (importe, plazos y cuenta bancaria en JP Morgan) que eran falsos». Su intervención, sostiene el letrado Julen Martínez, «no solo no fue neutral, sino decisiva para que la maquinaria defraudatoria de Verum pudiera consumarse en perjuicio de Interlatin».
