Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus

Francia sospecha que los servicios marroquíes son el nexo de unión entre el espionaje con Pegasus que investiga la Justicia gala y el que se llevó a cabo con el software espía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres de sus ministros, que intenta esclarecer la Audiencia Nacional.

Así consta, según ha podido saber LA RAZÓN, en la respuesta remitida por el país vecino al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al frente de las pesquisas. Y es que diez meses después, Calama ya tiene en su poder la respuesta de Francia a la comisión rogatoria cursada para avanzar en la instrucción de la causa, en la que Vox y Hazte Oír ejercen la acusación popular.

En el intercambio de correos entre las autoridades judiciales francesas encargadas de cumplimentar la petición de auxilio judicial de Calama del pasado febrero –en relación a la empresa israelí NSO Group, encargada del desarrollo del programa espía– se señala que «la comparación de los datos franceses y españoles ha permitido identificar dos marcadores idénticos». Algo que, según la Justicia gala, «deja suponer autores comunes» tanto en el espionaje llevado a cabo en Francia como en el que tuvo como objetivos a Sánchez y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura: Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente.

«¿Los servicios marroquíes?», se pregunta directamente se pregunta directamente el magistrado francés en ese correo del pasado 3 de marzo.

"No hay dificultades para ejecutarla"

En ese mismo mensaje pone de relieve que aunque aún no ha llegado a sus manos la Orden Europea de Investigación cursada desde la Audiencia Nacional «no hay dificultades para ejecutarla», aunque señala que están dando «un poco de vueltas» a la vista de la coincidencia referida entre ambos espionajes, presuntamente con autores coincidentes. No obstante, precisa al respecto que «tampoco es posible ninguna identificación» en el expediente.

Calama solicitó el pasado febrero auxilio judicial al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París responsable de la investigación por la infección con el programa Pegasus en el país vecino, con el objetivo de recabar más información sobre el control interno del software que llevaba a cabo NSO Group, que cumplimentó todos esos datos a las autoridades francesas.

Las tareas de comprobación del Tribunal Judicial de París no han estado, sin embargo, exentas de dificultades, pues según refiere en uno de esos correos el magistrado español de enlace en Francia, la Audiencia Nacional no pudo hacer llegar al tribunal galo los cinco archivos de información «probablemente debido a su tamaño en megabytes», por lo que finalmente esa ingente información tuvo que enviarse en varios correos electrónicos por separado.

Otra petición a Israel

La documentación remitida a la Audiencia Nacional sobre la comisión rogatoria a Francia también incluye los mensajes intercambiados entre el tribunal parisino y Eurojust en relación a la petición de auxilio judicial de España respecto a Pegasus, unas comunicaciones en las que la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal alude a un «tajante» correo del magistrado de enlace sobre esta cuestión, expresando sus dudas sobre la comisión rogatoria cursada por la Audiencia Nacional: «Me cuesta un poco ver en qué encaja esta nueva OEI española».

Calama no solo reclamó a Francia más datos sobre los controles internos de NSO sobre Pegasus, sino también que detallase las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (Anssi).

En las mismas fechas, el magistrado a cargo de las pesquisas redobló su petición de información a Israel en el mismo sentido (recabar toda la documentación entregada por la empresa responsable del desarrollo del programa espía) y, también, para conocer la declaración que prestó como testigo el CEO de la compañía, para así tratar de identificar a los responsables del espionaje al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras la primera información remitida por Francia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) constató que no resultaba posible precisar ningún vínculo entre las infiltraciones en teléfonos móviles que se investiga en Francia y la que se llevó a cabo en los dispositivos móviles de Sánchez y tres de los integrantes de su Ejecutivo. De ahí que Calama procediera a ampliar su solicitud de colaboración a la Justicia gala.

"Caso Ghali" y los indultos del "procés"

Según la investigación de la Audiencia Nacional, el espionaje al móvil de Sánchez se produjo el 19 de mayo de 2021, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta como respuesta de Rabat a la acogida en nuestro país al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y el 31 de mayo de ese mismo año, cuando un juez de Zaragoza abrió diligencias para investigar estos hechos, por los que estuvo imputada la entonces ministra de Exteriores Arancha González Laya.

En la resolución en la que acordó la apertura de diligencias, el juez Calama señaló que el acceso indebido a los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles (las pesquisas se ampliarían posteriormente al espionaje a Marlaska y Planas) podrían suponer un delito de descubrimiento y revelación de secretos, al haberse accedido a un «espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas» y que, por tanto, «pertenecen a la intimidad».

La infiltración en el teléfono del jefe del Ejecutivo se produjo en unas fechas en las que el Gobierno ultimaba la concesión de los indultos a los condenados del «procés», que gracias a la medida de gracia abandonaron la prisión en junio de 2021.

Según determinó el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, a consecuencia de esa intromisión «se produjo exfiltración de información del dispositivo» del presidente.