Ministro Grau y reajuste al sector público: “En perspectiva histórica, el costo total es bastante acotado este año”

La oposición continúa presionando al Ejecutivo por el costo del proyecto de reajuste al sector público, que para 2026 sería de US$1.775 millones y, según los parlamentarios no existiría el financiamiento. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discute la iniciativa y explicó que “en perspectiva histórica, el costo total del reajuste es bastante acotado este año, solo es más alto que el cambio que se hizo desde el gobierno de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera en 2018”. 

En términos generales se contempla un reajuste total de 3,4%, parcelado en un 2% desde diciembre de 2025 y un 1,4% desde junio de 2026, además de medidas laborales e institucionales. El costo fiscal se divide en US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen. Y el gasto que se irrogue desde 2026 deberá ser financiado por el subtítulo 21 o reasignaciones.

En su presentación, el jefe de la billetera fiscal comparó los reajustes de diversos cambios de gobierno para probar lo anterior y agregó que “sumando y restando, lo que estamos discutiendo acá en ningún caso es algo excepcional, está en el marco de lo que ha hecho tradicionalmente, tampoco los estamos llamando a discutir más rápido de lo que se ha hecho en otras ocasiones y es un presupuesto que en términos fiscales está en la cuota inferior de lo que han sido los últimos casos”. 

El diputado Felipe Donoso (UDI) apuntó al no cumplimiento de la meta fiscal y aseguró que “el escenario es absolutamente distinto al que heredó Bachelet en su primer gobierno, al que heredó Piñera en su primer gobierno, al que heredó Bachelet en su segundo gobierno, al que heredó Piñera en su segundo gobierno, porque les entregaron un escenario fiscal más sano. Esto es lo que hemos planteado constantemente, lo que dijimos en la ley de presupuesto, es que estaba desfinanciada”.

“Entonces, si confiamos en las holguras para financiar el sueldo de los funcionarios, lo que estamos diciendo es que o no le pagamos el sueldo a los funcionarios o, por ejemplo, no pagamos el 60% de la gratuidad. Eso es lo que cuesta la diferencia que estamos hablando”, indicó el parlamentario.

Agregó que “la discusión aquí no es el guarismo, la discusión es si está la plata o no y de dónde la sacamos. No queremos que esa mochila se la pasemos a otro gobierno para que después los funcionarios de este gobierno siendo oposición, recalquen que se quitó tal o cual programa social sin decir que la culpa la tiene quien heredó esta ley de presupuesto y este reajuste fiscal”, cuestionó. 

Por su parte, el parlamentario oficialista, Jaime Sáez (FA), puso en duda las críticas de la derecha y dijo que son aseveraciones retóricas. “En todo este tiempo, 2 meses y medio, casi 3 meses en los que hemos estado discutiendo este tipo de temas, yo no he visto que hayan presentado un solo informe, un solo dato certero, concreto, que confirme lo que vienen señalando continuamente, que aquí no hay plata, porque eso es lo que están diciendo reiteradamente”, señaló. 

“Yo los invitaría a que pudieran acompañar esos planteamientos con cifras reales, porque si no, estamos en una discusión que no tenemos cómo contrastar, porque por una parte el ministro y antes la Dirección de Presupuestos durante la tramitación de la ley de presupuesto, nos han mostrado distintos informes financieros, tablas de comparación, cifras, etcétera, pero parece que nada de aquello conforma a la derecha”, complementó. 

Finalmente, sobre lo que sigue para el debate del reajuste, planteó que es “es importante que el gobierno pueda clarificar el financiamiento. principalmente de los beneficios vinculados al reajuste, que nosotros podamos votar con esa claridad, con esa conciencia y que si el futuro oficialismo va a insistir en decir que aquí no está la plata, bueno, que lo demuestren, porque si no, en realidad no tiene sentido la conversación”. 

El proyecto tiene una extensión de 129 artículos, que también ha sido objeto de crítica por los parlamentarios opositores, que incluso llamaron a dividir el proyecto por puntos críticos como las normas respecto a despedidos o denominadas de “amarre”, algo que el Gobierno descartó. 

Mientras el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Boric Barrera, busca votar el proyecto en general esta misma tarde para acelerar la tramitación, la oposición insiste en la importancia de escuchar al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes de eso por las dudas financieras. “El CFA es quien nos va a informar mejor, de una manera distinta (…) tenemos que tener a una persona, una institución aparte que nos entregue información para poder votar de mejor manera”, manifestó el diputado Miguel Mellado.