La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado prorrogar durante dos años la prisión provisional de Miguel T. V., el único acusado en el crimen del que fuera canónigo emérito de la catedral de Valencia Alfonso López Benito , al apreciar un riesgo real de fuga ante la proximidad del juicio con jurado popular, previsto a partir del próximo lunes 26 de enero. La decisión, fechada en un auto del 7 de enero al que ha tenido acceso ABC , se tomó después de la comparecencia celebrada conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que la Fiscalía solicitó mantener la medida cautelar por la proximidad de las sesiones del juicio y, por su parte, la defensa pidió la libertad provisional del procesado alegando que no existía riesgo de fuga porque es el principal interesado en conseguir su absolución. El tribunal especifica en su fallo que la prisión provisional constituye una medida excepcional que limita el derecho fundamental a la libertad personal, pero en este caso concurren «razones objetivas y suficientes» para entender que podría darse una fuga del acusado de matar al religioso el pasado 21 de enero de 2024, cuando fue hallado en su casa semidesnudo tras haber sido estrangulado. Al respecto, remarca la «extrema gravedad» del delito de asesinato, castigado con hasta 25 años de cárcel, así como la existencia de una acusación formal ya consolidada y el avanzado estado del procedimiento, con el juicio ya señalado. Es decir, entiende que no es lógico que el único acusado salga en libertad solo tres días de comenzar la vista, pese a agotarse los dos años de prisión de provisional. La misma resolución incide en que la cercanía del juicio y la expectativa de recibir una condena severa «incrementan de forma notable el incentivo para sustraerse a la justicia», argumento que avala tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el magistrado rechaza que medidas menos gravosas —como la fianza, las comparecencias periódicas o la retirada del pasaporte— sean suficientes para acabar con el riesgo señalado, descartando además circunstancias alegadas como su integración en prisión o la regulación de su situación administrativa. El juicio oral, con jurad popular, comenzará el próximo lunes 26 de enero y se extenderá hasta las siete sesiones en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía pide 28 años de cárcel por delitos de asesinato, robo con violencia y estafa, mientras que la defensa del acusado rechaza los dos primeros y sólo reconoce el último. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el acusado, en compañía de una segunda persona no identificada, acudió al domicilio del canónigo emérito y, aprovechando su confianza, entraron y le asesinaron tapándole la boca y apretándole el cuello . Después, le robaron su teléfono móvil y tarjetas de crédito de El Corte Inglés y Cajamar, con las que el procesado realizó varias extracciones y compras. Según la defensa, el acusado niega haber acudido a la vivienda del sacerdote y haber participado en su muerte, y que fue esta segunda persona quien le entregó las tarjetas y el móvil. De hecho, en la escena del crimen no se encontraron huellas ni ADN del mismo y sí de un varón desconocido. Durante las pesquisas policiales practicadas, los investigadores descubrieron que el canónigo mantenía encuentros sexuales con jóvenes vulnerables , a los que alojaba y daba comida, incluso 200 o 300 euros, a cambio de relaciones. Algo de lo que existían quejas vecinales y que llegó a confirmar su amigo, chófer y guardaespaldas que ejercía al mismo tiempo de protector.
