Ayudas al alquiler en Castilla y León: requisitos, plazos y cuantías
La Junta de Castilla y León mantiene abierta hasta el 30 de enero la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda correspondiente a 2025, dirigida a facilitar el acceso y la continuidad en una vivienda en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con ingresos limitados en la Comunidad. La convocatoria está gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y cuenta con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ocho millones más que en la convocatoria anterior. La dotación es ampliable y puede alcanzar los 59,5 millones de euros con el objetivo de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Pueden solicitarlas personas y unidades de convivencia que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en Castilla y León y cuyos ingresos se sitúen dentro de los límites fijados en la convocatoria. En términos generales, los umbrales económicos se establecen entre 0,5 y 3 veces el IPREM —el indicador público que usa la Administración para medir ingresos, equivalente a unos 8.400 euros anuales—, lo que sitúa el tope general en torno a 25.200 euros al año. Este límite se amplía hasta 4 veces el IPREM (unos 33.600 euros) en el caso de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo, y hasta 5 veces el IPREM (alrededor de 42.000 euros anuales) para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La ayuda puede cubrir con carácter general hasta el 50 % de la renta mensual del alquiler. Este porcentaje se incrementa al 60 % para jóvenes de hasta 35 años y alcanza el 75 % tanto en el ámbito rural para este colectivo como en las situaciones calificadas como de especial vulnerabilidad. El importe final depende del nivel de ingresos y de las circunstancias personales del solicitante. Las solicitudes pueden presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, así como de forma presencial en los registros administrativos. Es obligatorio aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler, pudiendo autorizar a la Administración para la consulta del resto de datos. El plazo para presentar la solicitud permanece abierto hasta el 30 de enero de 2026.
