Bronca de Montero a las CCAA: «Esto es inamovible»
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y aspirante en Andalucía, María Jesús Montero, llegó puntual y risueña a su cita con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Miércoles 14 de enero, a las 10:30 de la mañana, en la madrileña plaza de Cuzco. Se jugaba el primero de los dos compromisos que se ha propuesto antes de abandonar el Consejo de Ministros para disputarle la Junta de Andalucía a Juanma Moreno: un nuevo modelo del sistema de financiación autonómica, caducado el actual desde el año 2015.
Antes de las formalidades, un saludo general a los consejeros del ramo de todas las autonomías del régimen común, allí presentes. «Nos felicitó el año nuevo», cuenta uno de ellos a LA RAZÓN. Acto seguido, con cada interviniente en su lugar, comenzó la reunión. Que no terminó, ni mucho menos, con la jovialidad del saludo inicial.
Cuatro horas de debate le valieron a Montero para constatar su soledad. De los quince consejeros, tan solo una, Alicia Romero, consellera de la Generalitat de Cataluña, cerró filas con ella. No lo hicieron siquiera sus colegas de partido: Guillermo Peláez, responsable del ramo de Asturias, y Juan Alfonso Ruiz Molina, de Castilla-La Mancha. Los dos, cargaron contra el «principio de ordinalidad» que impregna el espíritu de la propuesta que el Gobierno ha fraguado, a solas, con ERC. «Estás creando desigualdad», le reprocharon a la vicepresidenta.
Pero eso fue en el segundo de los tres actos. Antes, en el primero, Montero protagonizó una intervención de un cuarto de hora en la que, apoyándose en un «power point», desgranó las bondades de su modelo. Eso sí, reprochan distintas fuentes presenciales, lo hizo «sin aportar un dato nuevo. Ni la métrica, ni la fórmula de cálculo, ni la cifra final real de lo que se llevaría cada comunidad».
Concluido el discurso de la responsable de Hacienda, turno para los consejeros. Por orden de petición de palabra. Primero Galicia, en su condición de presidente del Consejo; después: Baleares, Comunidad de Madrid, Extremadura, Región de Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña, Asturias, Castilla y León y, finalmente, un minuto para Ceuta y otro para Melilla.
Uno a uno, los responsables de Hacienda de las regiones gobernadas por el PP, fueron sacándole los colores a Montero. «Se ha negociado a espaldas de los españoles con el líder de un partido independentista», fue el reproche más extendido. Que no el única. «Es un ataque a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas», denunció, por ejemplo, Carolina España, titular de Hacienda de la Junta de Andalucía, que a su salida habló de «champán y caviar» para el independentismo y «menú del día, pero sin postre», para el resto de territorios.
Conforme se sucedían las alocuciones de los consejeros se iba estrechando el rictus de Montero, que puso el broche a la reunión con una perorata contra Feijóo. En total, dedicó cuarenta minutos a su explicación final, que consistió, básicamente, en cargar contra el Partido Popular y su jefe de filas. «Se ha enervado, ha acabado dando un mitin, muy enfadada. Ha dicho que la culpa de todo era de Feijóo, que Sánchez lo llamó para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y él no quiso», describía a este diario una de las personas allí presentes a los pocos minutos de abandonar la sede de Hacienda.
Eso sí, en un momento dado, y ante la petición casi unánime de los consejeros de que el Gobierno retire la propuesta y ponga otra encima de la mesa, Montero quiso dejar bien claro: «Esto es inamovible, no vamos a volver al punto de partida». Por lo que, la conclusión de los dirigentes populares es simple: «Esta reforma nació muerta y muere muerta». No será en esta legislatura cuando España cuente, al fin, con un nuevo sistema de financiación autonómica, el engranaje económico que sirve para financiar los servicios públicos: la sanidad, la educación, la dependencia.
En un último intento a la desesperada, Montero ofreció a los consejeros autonómicos reuniones bilaterales para conducirlos hasta su redil. No parece que vaya a surtir efecto. De entrada, todos los gobiernos del PP han dicho «no». Y, aseguran, difícilmente cambiarán de opinión.