«Uno ya no se puede creer sin reservas lo que ve»

Las opiniones expertas dicen que estamos viviendo la ruptura del paradigma de que «lo que veo, lo creo» porque con la Inteligencia Artificial ya no hay garantías de que se pueda considerar una realidad todo aquello que se observa a través de los ojos.

En el último año y medio, los «deepfakes» se han convertido en el máximo exponente de esta revolución. Nos referimos al uso de una herramienta de la IA para suplantar la identidad de una persona, generando un audio y/o unas imágenes de realismo extremo.

Lo vimos, en 2021, con el «renacer» de Lola Flores para protagonizar un anuncio de Cruzcampo. He aquí un «buen uso» que, sin embargo, no hubiera sido posible con la nueva legislación que quiere implantar el Gobierno, si la artista lo hubiese dejado prohibido en su testamento.

Pero la otra cara de la moneda, la preocupante, son los usuarios que, en los últimos tiempos, vemos cómo piden impunemente a la IA de Twitter (Grok) que desnude a otros, ante la mirada del resto de la red social. O los fraudes económicos a particulares y empresas que todos los indicadores alertan que están creciendo como la espuma desde hace meses.

Frente a estos nuevos peligros, el Ejecutivo quiere dar amparo a la ciudadanía y a las empresas, imponiendo consecuencias legales a estos abusos de la Inteligencia Artificial. Legislativamente ya tiene forma y se ha materializado en el anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que ha impulsado el Ministerio de Justicia que capitanea el socialista Félix Bolaños. Eso sí, aún tiene que ser aprobado por las Cortes Generales.

Tal y como explica Diego León, cofundador y CEO de la empresa de seguridad digital Flameera, incluye, al menos, dos buenas noticias. Por un lado, «las indemnizaciones en función de como de grave haya sido la lesión de la reputación utilizando la IA, que es la parte disuasorio de la ley».

Y la otra, que a este ejecutivo de la tecnología le llama poderosamente la atención es «el alargamiento del derecho de rectificación, que antes solo afectaba a los medios de comunicación, y que prevé aplicar, además, a aquel difusor de información que consiga una audiencia de más de 100.000 seguidores en una sola plataforma o una comunidad de 200.000 en todas en las que estén».

Para León es «un proyecto legislativo necesario, que debería salir adelante» en un momento en que «es preciso que no se pueda utilizar libremente la IA para atacar a personas o aprovecharse de la imagen de un tercero para ganar dinero engañando».

Véase las «estafas del amor» que acostumbran a dirigir contra ciudadanos de Occidente delincuentes en su mayoría de origen nigeriano. Estos consiguen hacerse pasar por famoso incluso en una videollamada.

José Luis Díaz, director general del rey europeo de la ciberseguridad, Advens, recomienda no olvidar el plano empresarial. Explica, en conversación con LA RAZÓN, que el surgimiento y popularización de los «deepfakes» va a empezar obligar a las organizaciones y profesionales a gestionar medidas para la protección de su identidad, huella digital y reputación.

Díaz señala que el Ejecutivo, por tanto, está haciendo su parte con este anteproyecto con firma de Bolaños al incluir estas falsas creaciones entre las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor. Principalmente, porque permitirá que los afectados reciban protección de la Justicia y así podrán hacer valer sus derechos en la práctica de una manera eficaz.

Para este otro ejecutivo las compañías «van a tener que integrar estos fraudes en la gestión de los riesgos» y, luego, «elevar el control en procesos internos sensibles, como los pagos o cambios bancarios, la relación con los proveedores o cualquiera otra cuestión interna de su actividad». Cierto es que la Policía Nacional viene emitiendo alertas acerca de la conocida como «estafa del buen empleado» o «la llamada del jefe».

Clave: límites y condiciones al consentimiento

Los expertos, asimismo, aplauden que con este anteproyecto se pretenda poner en el centro el consentimiento que puede dar una persona sobre el uso de su propia imagen por las herramientas de Inteligencia Artificial y las redes. Una medida que califican de esencial es que se considere ya que los menores de 16 años no están en capacidad de dar su «sí» al empleo de su imagen. También ven preciso que el consentimiento que el usuario de no sea «por los siglos de los siglos» y este tenga que ser renovado periódicamente por el afectado. La introducción de una etiqueta obligatoria que informe de que un contenido está generado con la IA, cuando se utilice a un personaje público para hacer sátira, es otro punto clave. En otro plano, persiste el debate de si hay suficientes límites en el acceso de los niños. Muchos creen que no, pese a iniciativas como las cuentas junior de Instagram.