Últimamente, los agricultores y los ganaderos cordobeses sólo reciben malas noticias desde Bruselas. Al recorte de hasta un 25 por ciento de las ayudas ligadas a la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2028 , se le suma ahora el acuerdo comercial sellado a principios de este año por la Unión Europea (UE) con Mercosur, alianza económica formada actualmente por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay , que suman un total de 270 millones de potenciales consumidores. Los productores nacionales rechazan este pacto y, por este motivo, están llevando a cabo movilizaciones con el objetivo de que las autoridades comunitarias rectifiquen, una posibilidad que, por ahora, parece bastante lejana. Las organizaciones agrarias sí tienen cierta esperanza en que el Parlamento Europeo no dé su visto bueno al acuerdo, debido a que en ese foro será cuando tengan que retratarse las distintas formaciones políticas. Un aspecto que sí ha causado estupor en el sector agrario español es el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) se haya unido al bloque de los países que dieron el sí al documento frente a otros, como Francia o Irlanda, donde también ha habido mucha contestación al pacto con Mercosur, que han mostrado su rechazo al mismo. La actividad primaria vuelve a sentirse golpeada por los intereses comerciales de la UE. Uno de los motivos principales por lo que Bruselas tiene tanto interés en cerrar este acuerdo es la necesidad de abrir nuevos mercados tras la imposición el pasado verano por parte de la Administración liderada por Donald Trump de aranceles del 30 por ciento a los productos europeos importados por Estados Unidos. Según defiende la Comisión Europea (CE), el acuerdo con esta parte de América del Sur supone, en el ámbito agrario, la eliminación por parte de estos países de los aranceles al 93 por ciento de las exportaciones provenientes de territorio europeo. En contrapartida, la UE liberalizará el 82 por ciento de las importaciones agroalimentarias llegadas desde las naciones que forman parte de Mercosur. En Bruselas calculan que este pacto conllevará un ahorro arancelario de unos 4.000 millones de euros cada año. En lo que se refiere a la agroindustria, las autoridades comunitarias consideran que los grandes beneficiados serán el aceite de oliva y el vino por la apertura de mercados que supone el acuerdo. Sin embargo, las organizaciones agrarias contradicen esa tesis al señalar que ambos sectores agroalimentarios no notarán, al menos a corto plazo, esas ventajas al fijarse en el documento largos periodos transitorios antes de la plena liberalización. A su juicio, los productores que más pueden verse perjudicados son los cárnicos, los cítricos o la aceituna de mesa . En estos países sudamericanos hay grandes industrias ligadas a estos alimentos. Hay que resaltar que a día de hoy Mercosur no forma parte del grupo de los grandes socios comerciales del sector primario cordobés. Las exportaciones a esta zona del mundo por parte de las empresas del agro de la provincia ascendieron entre enero y octubre del pasado año (último dato disponible) a 5,51 millones de euros , según los datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa . El producto más comercializado allí fue el aceite de oliva, con unas operaciones por valor de 3,9 millones de euros, lo que supone más de 70 por ciento del total de las ventas. Por el contrario, las importaciones alcanzaron en ese mismo periodo los 5,5 millones de euros, de forma que la balanza comercial es prácticamente neutra . Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, que continuarán con su calendario de movilizaciones el próximo 29 de enero con una concentración junto a la Subdelegación del Gobierno, no se oponen tanto a la libertad de mercado que supone el acuerdo, sino que su rechazo se centra en el hecho de que las relaciones comerciales no se llevarán a cabo en igualdad de condiciones al llegar productos a Europa que no cumplen las mismas condiciones sanitarias, medioambientales y laborales que se requieren en el territorio comunitario. Estas organizaciones coinciden en señalar que el documento consensuado entre ambas zonas económicas «carece de reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y los ganaderos cordobeses y andaluces, así como una amenaza para los consumidores». La patronal agraria pone de manifiesto que la CE solo inspecciona físicamente el 0,0082 por ciento de los productos agroalimentarios que entran en la UE, un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria . «El propio gobierno de Brasil ha admitido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne, un reconocimiento que invalida cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo», defendió Asaja.
