Ramón Gironés, quien fuera suegro de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan Pujol, exigió a una empresa inmobiliaria una comisión del 3% por haber intermediado en una compraventa valorada en 30 millones de unas parcelas ubicadas en terreno urbano edificable en Hospitalet de Llobregat. Los propietarios, que desconocían qué gestión pudo haber realizado acabaron abonándole el 1% por medio de su mujer porque él "ya estaba jubilado". Así lo ha explicado la empresaria Laura Cutillas ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al clan por un presunto enriquecimiento ilícito que se habría producido gracias a la situación de poder del patriarca de la familia, el expresidente Jordi Pujol i Soley. En su declaración, ha recordado además el calvario que sufrieron allá por 2004 , cuando les conminaron -no ha dado nombre alguno- a vender esos terrenos que desde los 90 ellos habían buscado explotar de alguna manera. Les colocaron una perrera municipal frente a su domicilio y les instalaron una suerte de apeadero de camiones de la basura, todo con la intención de torcer la voluntad de la familia para que vendieran esos terrenos edificables de Hospitalet a una constructora, Novensauro Immobles, que a su vez, y siempre según las investigación, habría pactado una comisión por esa venta con una de las empresas vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de los Pujol. Esta práctica, que podría tildarse de mafiosa, es la que ha relatado ante el tribunal de la Audiencia Nacional Cutillas, que ha explicado que en 2004 sufrieron presiones para vender esos terrenos que eran propiedad de su mercantil denominada Focio. En aquel entonces, quien llevaba la voz cantante era el padre -falleció al poco-, y por esa compraventa recibieron 30 millones de euros , algo que supuso perder una ocasión de negocio millonaria. El truco, según ha relatado, estaba en que al poco de firmar la opción a compra con Novensauro, en abril de 2005 hubo una modificación del plan general por el que los metros edificables en esos terrenos pasaron de 14.000 metros cuadrados contemplados en 1996 a 58.000 metros cuadrados, con un 50% de las viviendas libres. Es decir, pasaron de poder construirse 140 viviendas libres (no de protección oficial) a 600 viviendas: «Hubo un incremento exponencial de la edificabilidad» . El fiscal del caso, que se ha interesado mucho por ese detalle, le ha preguntado por qué no vendieron a mayor precio si veían la posibilidad de ese futuro incremento en la edificabilidad, y la empresaria ha reconocido que ni lo contemplaron porque querían quitarse de en medio dado que les hacían «la vida imposible» con ese «constante acoso». «Teníamos que vender la finca para que nos dejaran tranquilos», ha confesado. Con todo, ha reconocido que nunca se reunieron ni con Pujol Ferrusola ni con su entonces mujer, Mercé Gironés, si bien al poco de la venta, en 2005 se les presentó Ramón Gironés, el suegro, pidiendo esa comisión del 3% por la venta de los terrenos. Ellos le pidieron que mostrase el documento que les obligaba a esa comisión, pero no existía. Y aun así, por recomendación de un tercero -el empresario Antonio Loudeiro- acabaron pagándole a través de su esposa 162.000 euros. Tras explicar esa operación inmobiliaria, y a preguntas de la defensa de Pujol Ferrusola, la empresaria ha puntualizado que la aprobación de los planes urbanísticos que afectaban a la parcela tuvieron lugar en un tiempo en el que el ayuntamiento estaba dirigido por el PSOE. También ha reconocido que cuando se firmó la venta con Novensauro, era ya president de la Generalitat el socialista Pasqual Maragall.
