Una violación sexual cada 40 minutos en Perú: el 2025 fue el año con más casos registrados

En el Perú, la violencia sexual no es un hecho aislado ni excepcional: es una emergencia sostenida. Durante el 2025, en promedio, se registró una denuncia por violación cada 40 minutos (36 por día), convirtiendo a este año en el de mayor número de casos reportados hasta la fecha, según el Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Las cifras oficiales confirman una realidad alarmante. Solo entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron (de manera preliminar) 13.096 casos de violación atendidos por los Centros de Emergencia Mujer, con una tendencia sostenida al alza respecto a años anteriores. Desde 2020 hasta el 2024, el país acumuló 53.652 instancias, una cifra que, lejos de reflejar la totalidad del problema, evidencia apenas la superficie de un fenómeno profundamente subregistrado.

Detrás de cada número hay una historia de violencia, miedo e impunidad. Y detrás de ese patrón, advierten especialistas, existe una estructura que normaliza, justifica y reproduce el abuso sexual.

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Un Estado que retrocede

Para la exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, el aumento de los casos de violencia sexual no puede analizarse sin considerar el contexto político y normativo de los últimos años. A su juicio, el país atraviesa un retroceso sostenido en materia de derechos de las mujeres, impulsado desde el propio Estado.

“Se está enviado un mensaje claro a la población con la cantidad de leyes contra los derechos de las mujeres”, advierte. En ese marco, señala que el Congreso ha impulsado iniciativas de corte conservador que han terminado debilitando la protección de mujeres, niñas y adolescentes, y desincentivando la denuncia.

Uno de los ejemplos más recientes es la aprobación, en noviembre y diciembre de 2025, de la denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N.º 32535), impulsada por la congresista Milagros Jáuregui. La norma deroga el marco anterior y elimina toda referencia al enfoque de género y a la igualdad sustantiva, obligando a las instituciones públicas a reformular sus políticas bajo un concepto restringido de “igualdad de oportunidades”.

La ley también reemplaza la Educación Sexual Integral (ESI) por una formación de carácter “biológico y ético”, lo que, en la práctica, limita las herramientas preventivas frente a la violencia desde la escuela y debilita la formación en derechos reproductivos.

Por si no fuera poco, la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) propuso anteriormente eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por “asesinato de la pareja”. Miloslavich advierte que este retroceso normativo se agrava en un escenario de debilitamiento del sistema de justicia, donde la falta de sanción efectiva termina reforzando la impunidad. “A mí me parece evidente el intento de criminalizar a las víctimas de violencia contra la mujer”, concluye.

Normalización, tolerancia e impunidad

Desde una mirada estructural, la excongresista y directora de DEMUS, Rocío Silva-Santisteban, identifica tres factores clave que explican la persistencia de la violencia sexual en el país: normalización, tolerancia e impunidad.

“Es la cultura. No solo se naturaliza la violencia sexual, también la violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica, entre otras”, afirma. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), más del 70% de la población tolera alguna forma de violencia de género, una cifra que refleja un problema cultural profundo.

Silva-Santisteban advierte que esta tolerancia se reproduce desde la infancia, debido a la ausencia de educación sexual integral, la falta de políticas preventivas sostenidas y discursos públicos que relativizan la gravedad de estos delitos. “Es algo que debemos erradicar en el país, se necesita un Ministerio de la Mujer fuerte, sí. Pero también un financiamiento acorde a sus necesidades y que haya un discurso coherente que dialogue con las narrativas de los otros ministerios y de las otras áreas para poder romper con todos los estereotipos de género”, señala.

La impunidad, añade, termina de cerrar el círculo. Las denuncias avanzan lentamente, las medidas de protección no se cumplen y las sentencias condenatorias son escasas. En muchos casos, las víctimas quedan más expuestas tras salir a la luz que antes de hacerlo. Las expertas coinciden en que, si el mismo presidente José Jerí ha sido denunciado por violación y pudo llegar al poder sin mayores cuestionamientos, es difícil que las mujeres sientan que sus voces serán escuchadas.

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Violencia sexual: un acto de poder

Lejos de tratarse de un impulso sexual, la violencia responde —como advierte la teórica feminista Rita Segato— a una lógica de poder. Un planteamiento que Silva Santisteban retoma con claridad: “La violación no es deseo, es dominación”.

Esta lógica se refuerza en una sociedad donde persisten estereotipos de género que responsabilizan a las víctimas: cómo vestían, si bebieron alcohol, si estaban solas, si “se expusieron”. Argumentos que, lejos de ser marginales, siguen apareciendo en discursos mediáticos, judiciales y políticos.

Recientemente, el caso de tres futbolistas de Alianza Lima —Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña— puso de manifiesto cómo la violencia y su justificación calan incluso en espacios de alta visibilidad pública. Una joven argentina de 22 años presentó una denuncia por presunto abuso sexual ocurrido en Montevideo durante una estancia del equipo, detallando que fue invitada a un hotel por uno de los futbolistas y que habría sido agredida por los tres acusados, según su testimonio.

Mientras tanto, figuras públicas como 'Chiquito' Flores y el periodista deportivo Pedro García, minimizaron los presuntos hechos. Mientras Flores sugirió una supuesta responsabilidad compartida de la presunta víctima, García apeló a la condición humana para pintar la situación como un error. Incluso el abogado César Nakazaki también dejó entrever que la joven argentina tenía la culpa por asistir al encuentro con los jugadores.

“La pregunta nunca es por qué el agresor violó, sino qué hizo la víctima para evitarlo”, señala la excongresista. Esa inversión de responsabilidades alimenta una cultura que protege al agresor y castiga a quien denuncia.

Un sistema que no protege

Desde el ámbito legal, la abogada feminista Cynthia Silva advierte que la cadena de protección falla desde el inicio. Muchas víctimas no hablan por miedo, vergüenza o desconfianza en el sistema. Y quienes lo hacen, enfrentan procesos largos, revictimizantes y poco eficaces.

“La denuncia no garantiza protección. Al contrario, muchas veces expone más a la víctima”, sostiene. Las medidas de protección suelen tardar, no se fiscalizan y, en muchos casos, no responden a los riesgos reales. A ello se suma la aplicación de estereotipos de género por parte de operadores de justicia, que cuestionan la conducta de la víctima o evalúan su “credibilidad” desde prejuicios machistas. El resultado: archivos, absoluciones y una sensación generalizada de impunidad.

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El rol del Estado y la responsabilidad política

Desde el Ministerio de la Mujer, la vocera del programa Warmi Ñan, Jacqueline Valenzuela, reconoce que la violencia sexual sigue siendo uno de los principales problemas del país. Si bien destaca la existencia de servicios como los Centros de Emergencia Mujer y campañas de prevención, admite que el desafío es enorme.

Actualmente, el ministerio afirma que impulsa estrategias de prevención, acompañamiento legal y psicológico, así como programas comunitarios y su reciente campaña: Entornos sin violencia sexual "Observa, escucha y actúa". Sin embargo, las especialistas coinciden en que estas acciones resultan insuficientes si no van acompañadas de voluntad política real, presupuesto adecuado y un enfoque integral.

La ausencia de pronunciamientos claros por parte de candidatos y autoridades frente a casos emblemáticos también revela una preocupante indiferencia: al menos 13 de los 36 planes de gobierno que cuentan con un candidato presidencial no incluyen políticas claras para combatir la violencia contra la mujer.

Más allá de las cifras

Cada denuncia de violación representa una vida atravesada por el miedo, la culpa y la desprotección. El problema no es solo cuántos casos se registran, sino cuántos no llegan nunca a denunciarse. El subregistro, advierten las expertas, es enorme.

Mientras no se combata la cultura que justifica la violencia, mientras no se fortalezca la educación sexual integral y mientras el sistema de justicia siga fallando, el país seguirá contando víctimas. Porque la violación no es un problema individual. Es un problema político. Y es una deuda urgente del Estado con las mujeres, niñas y adolescentes del Perú.

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