Guindilla al Gobierno por no consultar con las familias antes de organizar el homenaje a las víctimas de la DANA

Este martes el Gobierno remitió al Congreso un real decreto-ley «ómnibus» que agrupaba un paquete amplio de medidas —ayudas sociales y del llamado «escudo social», ayudas a los afectados por la DANA, cambios en el Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización de pensiones, entre otras— y que finalmente fue rechazado en el Pleno con los votos en contra de PP, Vox y Junts; por eso muchas de esas disposiciones han decaído de forma inmediata, aunque el Ejecutivo ha anunciado fórmulas para garantizar el cobro de la nómina de enero y estudiar alternativas para mantener algunas medidas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha abordado esa técnica legislativa: su doctrina —v. gr. STC 136/2011 y STC 199/2015— sostiene que las leyes o decretos «ómnibus» no son inconstitucionales per se, pero exige una justificación explícita y razonada del presupuesto habilitante (la urgencia extraordinaria) y una «conexión de sentido» entre las medidas incluidas; en caso contrario el uso abusivo del decreto-ley puede ser declarado inconstitucional porque el mecanismo evita el debate parlamentario por materias y obliga a los grupos a aceptarlo o rechazarlo en bloque.