Carlincatura del jueves 29 de enero de 2026
Muchas de las críticas sobre el manejo de Petroperú cuentan con sustento. La acumulación de deuda, los problemas de liquidez y las decisiones de gestión forman parte del diagnóstico técnico. Uno de ellos es que la empresa registra una deuda cercana a 8.100 millones de dólares, equivalente a cuatro veces su patrimonio, y un déficit de capital de trabajo estimado en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a ese cuadro se suma hoy un proceso distinto y de mayor alcance: el riesgo de paralización de la empresa y el desabastecimiento de combustibles.
Surge entonces una pregunta central sobre cuál es el objetivo del Gobierno al restringir incluso un flujo mínimo de caja que permita a Petroperú comprar petróleo crudo para su producción y cumplir pagos a proveedores. En una empresa petrolera, el acceso al capital de trabajo define la continuidad operativa, incluso mínima.
Al respecto, vale la pena anotar que el impacto recaería sobre el abastecimiento. En el país, esa falta de combustible para satisfacer la demanda afectará de manera directa a la Amazonía y a la sierra central y sur, territorios donde Petroperú concentra alrededor del 75% del mercado. Un desabastecimiento impactaría de manera no menor en la industria, el transporte y el comercio interno, así como en los hogares que dependen del consumo de balones de GLP.
El Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas deberían conocer esta secuencia de efectos inmediatos. El funcionamiento del mercado, la participación regional de Petroperú en el consumo cotidiano de las familias y las consecuencias de una paralización forman parte de la información disponible en el propio Estado.
Frente a este escenario, la presidenta de Petroperú, Elba Rojas, como la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, deben exponer al país el plan a seguir, con transparencia. Los retrasos en pagos a proveedores alcanzan plazos de hasta cuatro meses. Estas cifras delimitan el campo de acción y requieren explicación pública.
En una empresa estatal con impacto directo sobre el abastecimiento energético y la economía regional, la rendición de cuentas constituye una obligación de vital importancia, y no debería pasar desapercibido. Sobre todo si es que se plantea como solución una privatización sin competencia real y exponiendo a desabastecimiento a los territorios donde solo la empresa pública llega.