Las denuncias por abusos sexuales digitales contra niños, niñas y adolescentes han aumentado un 13% en apenas dos años en España, pasando de 954 casos en el año 2022 a 1078 en el 2024, según los últimos datos del Ministerio del Interior . Así lo recoge el nuevo informe de Save the Children, Tras la pantalla: la violencia sexual contra la infancia en el entorno digital , que alerta de la creciente inseguridad de Internet para los menores y las carencias que presenta el sistema judicial para protegerlos adecuadamente ante estas situaciones. Los delitos sexuales contra la infancia en el ámbito digital suponen ya el 84,2% del total de la criminalidad sexual en Internet . Las principales víctimas siguen siendo las chicas, que representan el 68,8% de los casos. La edad media de las víctimas se sitúa en los 13 años , en un contexto en el que el acceso temprano a la red es cada vez mayor: casi el 58 de los menores utiliza internet de forma habitual desde los 11 años y uno de cada tres lo hace antes de cumplir los 10. El informe se basa en el análisis de 23 sentencias judiciales que corresponden a 28 casos de online grooming ocurridos en España entre 2023 y 2024. Según señalan desde la organización, esta muestra solo refleja una pequeña parte de la violencia sexual digital que sufren los niños y niñas en nuestro país. El online grooming consiste en el contacto de una persona adulta con una menor a través de redes sociales, videojuegos, o plataformas digitales con el objetivo de terminar involucrando al menor en actividades sexuales, empleando para ello el engaño, la manipulación y la creación de una falsa relación de confianza. «El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas», advierte Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children. El informe dibuja el perfil mayoritario del agresor como un hombre sin antecedentes penales. En cuanto a su relación con la víctima, el 41,7% pertenece al entorno conocido, el 33,3% son personas desconocidas y el 25% corresponde al ámbito familiar , un porcentaje especialmente preocupante, ya que triplica el registrado en el periodo anterior. La organización también muestra su inquietud por la duración de los procedimientos judiciales y el riesgo de revictimización. Más del 60% de los casos analizados se prolongan durante tres años o más, y un 14% supera los cinco. Además, el 65% de las víctimas tiene que declarar más de dos veces antes del juicio. «Obligar a un niño o niña a repetir su testimonio supone revivir el daño. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien», subraya Perazzo, que reclama extender el uso sistemático de la prueba preconstituida a todos los menores de edad. Save The Children insta a reforzar la especialización para atender adecuadamente los casos de violencia sexual contra la infancia, especialmente en el entorno digital. La organización pide ampliar el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra menores, crear fiscalías específicas y reforzar los equipos técnicos que asesoran a jueces y magistrados, además de impulsar una formación obligatoria para todos los operadores jurídicos. También defienden la implantación generalizada del modelo Barnahus —«casa de los niños», en islandés—, un sistema de atención integral que reúne en un mismo espacio a profesionales de la justicia, la sanidad y los servicios sociales, con el objetivo de reducir la victimización secundaria y situar el interés superior del menor en el centro del proceso. Este modelo ya funciona en varias comunidades autónomas y ha permitido atender miles de casos, lo que, según la ONG, demuestra la necesidad de extenderlo a todo el territorio nacional, también para los delitos cometidos en el ámbito digital.
