Vox se pronuncia sobre el caso de las viviendas de protección pública en Alicante con un mensaje centrado en depurar responsabilidades “caiga quien caiga” y en descartar posibles conflictos de intereses en el Ayuntamiento. El partido ultra sostiene que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, inició los trámites para acceder a una vivienda en 2018 y asegura que, más allá de consideraciones “estéticas”, lo que pretende esclarecer es si durante su mandato como edil “ha intervenido en algún trámite, de manera directa o indirecta”, relativo a la construcción y adjudicación de los pisos. “Queremos que se descarte cualquier tipo de conflicto de intereses. Los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga”, afirman desde el grupo municipal.
