El Gobierno regularizará de forma extraordinaria a más de medio millón de extranjeros en nuestro país sin pasar por el Congreso de los Diputados. El real decreto es fruto de un acuerdo entre PSOE y Podemos -con Sumar al margen- , y su tramitación urgente se aprobó ya la pasada semana en el Consejo de Ministros. Pero, desde el partido de Pablo Iglesias, ya avisaron: «Vamos a por más. No nos conformamos». Dicho y hecho. El secretario de Organización morado, Pablo Fernández, ha anunciado que en los próximos días su formación reclamará al Ejecutivo de Pedro Sánchez su voluntad de derogar la actual ley de extranjería, así como una modificación legal para que todos los inmigrantes regularizados -es decir, no nacionalizados- que residan y trabajen en España tengan derecho a voto como el resto de la ciudadanía. En este sentido, reclama el también portavoz de Podemos «agilizar los procesos de nacionalización acortando los plazos». Aunque lo previsible es ya que más de la mitad de los nuevos regularizados pueda optar a la nacionalidad española en dos años, lo que a medio plazo implicaría que quienes lo hagan -y consigan- puedan votar en elecciones generales y autonómicas. En cualquier caso, lo que está descartado es que esta regularización masiva , con la que el Gobierno pretende dar papeles a todos los inmigrantes que lleven cinco meses viviendo en España con anterioridad al 31 de diciembre del 2025, permita votar a los que se acojan a ella en los comicios generales del 2027. Por plazos es legalmente imposible porque, en el mejor de los casos, las personas extranjeras solo pueden optar a la nacionalidad una vez llevan viviendo de forma legal en el país dos años. Un procedimiento que Podemos aspira a «atajar». La regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros es, además, una condición 'sine qua non' de Podemos para abrirse a negociar la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, según ha establecido el propio partido de Ione Belarra, que contribuyó el pasado mes de septiembre con sus cuatro votos a tumbar la proposición de ley pactada forma bilateral entre PSOE y Junts. Una vez conseguida a través de un real decreto, la secretaria general de Podemos sí se muestra dispuesta a reabrir una negociación que hasta ahora permanecía cerrada, «siempre y cuando» se consideren sus aportaciones a un texto que, tal y como está, consideran «ampliamente racista». No obstante, habrá que esperar a primavera, fecha en que se prevé se acometa esta regularización extraordinaria de inmigrantes a la que los morados esperan que puedan acogerse hasta 800.000 personas. «Una vez se culmine ese proceso -y no antes-, nos sentaremos a hablar de la delegación de competencias a Cataluña», ha sentenciado Fernández este lunes en rueda de prensa en la sede nacional del partido, incidiendo en una idea que ya expuso la pasada semana la líder de su partido. De todos modos, advierte Podemos que no emitirá un cheque en blanco. Se sentarán a negociar poniendo «dos premisas» encima de la mesa: eliminar el «sesgo racista y xenófobo» que hay en la exposición de motivos de la norma existente y clausurar los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) en nuestro país. A ellas dos, añaden una última: acabar con las «redadas racistas, que a día de hoy suceden con mucha frecuencia».
