Claudia Sheinbaum contempla una reforma que blinde elecciones de dinero del narco
La reforma en materia electoral contemplará una mayor fiscalización de los recursos destinados a las campañas, con el objetivo de blindar las elecciones del dinero del narcotráfico y el crimen organizado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
La titular del Ejecutivo, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, afirmó que existe ya un acuerdo con los aliados de Morena en el Congreso de la Unión, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
La inquilina de Palacio Nacional estimó enviar la iniciativa al Poder Legislativo la semana próxima o a más tardar antes de que concluya febrero. “Mi objetivo es tenerlo para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así. En el mes de febrero vamos a enviarla al Congreso”, sostuvo.
La mandataria consideró que los congresistas tendrán que definir la ruta legislativa de la iniciativa, ya que su objetivo es enviarla “y ya ellos verán los tiempos para su aprobación”.
-¿Esta iniciativa contempla blindar las elecciones del dinero del crimen organizado? –se le preguntó.
-Sí, significa más fiscalización y también en qué se usan los recursos, no sólo en la disminución, sino en qué se usan los recursos que también es importante –respondió la presidenta.
En ese sentido, la mandataria descartó que al reducir el dinero que se destina a elecciones y a los partidos políticos se incrementen los incentivos para que entre dinero del crimen organizado en las elecciones: “No, ya van a ver la reforma”, comentó Sheinbaum Pardo.
En días pasados, integrantes del PT y PVEM han acudido a reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; sin embargo, han adelantado que no aprueban la intención de reducir el financiamiento a organizaciones políticas y eliminar los plurinominales.
De acuerdo con la consultora Integralia, la reducción de financiamiento público a partidos políticos, principalmente el ordinario, tiene como implicaciones una mayor debilidad de los partidos de oposición, una menor competitividad electoral y una mayor injerencia de financiamiento ilegal a campañas.
Con el marco legal vigente, el financiamiento público para los partidos tiene dos componentes: el ordinario, que se entrega en años no electorales y, por otra parte, el de campañas.
Esos “son montos abundantes que se gestaron en los 90 para propiciar la independencia financiera frente al gobierno del entonces partido mayoritario (el PRI)”.
Integralia considera que representa un riesgo para 2026 si se aprueba una reforma electoral que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianza la concentración de poder del oficialismo.