La doble vara de medir de Sánchez con los menores de 16 años: redes sociales no, pero aborto sí
La intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir o restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha desatado un nuevo frente político. El Ejecutivo ha justificado la medida en la necesidad de proteger a los adolescentes frente a los riesgos digitales, pero la propuesta ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿existe una doble vara de medir cuando se trata de regular los derechos y decisiones de los menores?
Mientras el Palacio de La Moncloa plantea una prohibición generalizada al acceso digital por considerar que los menores carecen de madurez suficiente, el propio ordenamiento jurídico español (respaldado y reformado en parte por el actual Gobierno de Sánchez) reconoce a esos mismos jóvenes capacidades y responsabilidades de gran calado. Un hecho que constata que la incoherencia no es menor, algo por lo que la opinión pública ya habla abiertamente de una 'doble vara de medir'.
Responsabilidad penal a partir de los 14 años
En España, la responsabilidad penal comienza a los 14 años. Es decir, un menor de 14 o 15 años puede ser juzgado si comete un delito, ya que el Estado considera que, a esa edad, existe capacidad suficiente para entender la gravedad de determinados actos y asumir sus consecuencias. Sin embargo, el Gobierno sostiene ahora que esos mismos adolescentes no estarían preparados para gestionar un perfil en una red social.
Además, desde los 14 años los menores pueden asociarse, participar en entidades juveniles con consentimiento de los padres y realizar determinados actos jurídicos bajo supervisión de sus padres o tutores.
Las jóvenes de 16 años ya pueden abortar libremente
La comparación se vuelve aún más incómoda en el terreno sanitario. Tras la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, las jóvenes de 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres. Es decir, el Ejecutivo ha defendido que a partir de los 16 años existe madurez suficiente para adoptar una decisión de profunda trascendencia personal y sanitaria.
No ocurre, sin embargo, lo mismo con las menores de 16, que sí requieren la autorización de sus representantes legales. Pero el contraste en el debate público es evidente: mientras el Gobierno plantea vetar de forma generalizada el acceso a redes sociales hasta los 16 años, la normativa vigente reconoce a partir de esa misma edad la capacidad para adoptar decisiones sanitarias de enorme trascendencia.
El debate, pues, contiene un trasfondo ideológico, porque mientras el Gobierno ha defendido en los últimos años la ampliación de derechos individuales en materias como la salud sexual y reproductiva, reforzando la autonomía de los adolescentes de 16 y 17 años, ahora apuesta por una restricción general en el ámbito digital bajo el argumento de la protección.