La Constitución española proclama en su artículo 1 que España es un Estado social y democrático de Derecho, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sin embargo, cuando esos valores no solo se debilitan sino que parecen invertirse, resulta legítimo preguntarse si seguimos viviendo, de facto, en un auténtico Estado de Derecho. La libertad no es un concepto abstracto. Existe únicamente cuando las personas se sienten seguras. Desde el momento en que el ciudadano percibe que el Estado no le protege, que su integridad, su patrimonio o su hogar están expuestos al delito, la libertad se desvanece y con ella la confianza en el propio sistema. La Nación española aprobó la Constitución con el objetivo de garantizar justicia, libertad y seguridad, y de promover el bien común. No obstante, hoy existe una parte significativa del país donde la seguridad brilla por su ausencia. En esos territorios, el Estado parece haberse retirado de su función esencial de proteger a los ciudadanos, permaneciendo presente casi exclusivamente para recaudar impuestos. Quienes viven en esa España abandonada sienten que el Estado de Derecho ha dejado de existir para ellos. Se les exige cumplir con todas sus obligaciones, pero no se les garantiza el derecho básico a vivir sin miedo. Pagan impuestos sin saber a qué se destinan, aunque sí tienen claro a qué no se destinan: a reforzar su seguridad y, por tanto, su libertad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan en muchos lugares en condiciones claramente insuficientes. No por falta de profesionalidad o compromiso, sino por años de recortes y de abandono institucional. A ello se suma un sistema legal que, en demasiadas ocasiones, parece más preocupado por proteger al delincuente que a la víctima. Robos, ocupaciones ilegales, actos vandálicos y conducciones temerarias que comprometen nuestra vida se repiten a diario sin consecuencias reales para sus autores. Cuando el delito no se castiga, el mensaje es claro: incumplir la ley sale gratis. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía deja de creer en el sistema, con consecuencias sociales profundamente peligrosas. Una ley que deja de ser justa pierde su legitimidad moral. Cuando el ordenamiento se convierte en refugio del delincuente y en castigo del ciudadano honrado, deja de cumplir su razón de ser. No hay Estado de Derecho posible sin seguridad, ni democracia real sin ciudadanos libres de miedo. O se refuerza el sistema y se aplica la ley con firmeza y equidad, o nos dirigimos hacia un modelo de sociedad insegura impropio de una democracia avanzada. Los gobernantes deben asumir su responsabilidad: garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos no es una opción política, es su obligación principal. Una sociedad que no duerme tranquila, que teme que le roben, le ocupen su vivienda o pongan en peligro su vida, no puede llamarse verdaderamente libre. Si el Estado no es capaz de garantizar esa seguridad básica, el Estado habrá fallado. Y si un gobierno no puede cumplir con esa función esencial, solo le queda una salida digna: corregir el rumbo de inmediato o devolver la voz a los ciudadanos para que decidan su futuro.
