Un árbitro profesional detenido por hacerse pasar por un polícía y no pagar a una prostituta
Un árbitro asturiano de fútbol ha sido detenido acusado de una presunta agresión sexual cometida contra una mujer que ejercía la prostitución. La información, ha sacudido tanto al ámbito deportivo como al judicial por la gravedad de los hechos y por el perfil del investigado, colegiado en el fútbol profesional y con actividad arbitral reconocida.
Según las diligencias conocidas y adelantadas por El Comercio, la víctima es una prostituta que podría encontrarse en situación administrativa irregular en España. Ese elemento resulta clave en el desarrollo de los hechos, ya que el acusado habría utilizado esa circunstancia como herramienta de presión y amenaza. La investigación sostiene que el árbitro simuló ser agente de la Policía Nacional para coaccionar a la mujer y forzarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Presunta agresión sexual
Los hechos se remontan a un encuentro concertado en Gijón. El detenido habría contratado previamente los servicios de la mujer y acordado con ella un lugar concreto para verse. Hasta ese punto, la secuencia no se aparta del marco habitual de este tipo de transacciones. Sin embargo, una vez en el lugar previamente pactado, la situación habría derivado en una presunta agresión sexual. Siempre según la versión policial, el hombre mantuvo relaciones sexuales y posteriormente no abonó el importe del servicio contratado.
El elemento central de la acusación es el uso de amenazas y de una falsa autoridad policial para someter a la mujer. El investigado habría advertido a la víctima de que podía abrirle una investigación policial por su situación irregular en el país. En ese contexto, llegó incluso a exhibir una placa de la Policía Nacional, reforzando así la apariencia de estar ejerciendo funciones públicas que no le correspondían.
Uniformes policiales en su casa
El registro practicado en el domicilio del detenido ha reforzado esta línea de investigación. En la vivienda se hallaron uniformes policiales, así como distintivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado. Entre el material incautado figuran insignias de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Estos hallazgos sustentan el delito de usurpación de funciones públicas que se le imputa, además de los de agresión sexual y coacciones.
La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría correspondiente, especializada en delitos de violencia sexual y de género. Se trata de una unidad que actúa con protocolos específicos para proteger a las víctimas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la que concurría en este caso. La causa se encuentra actualmente en un juzgado de instrucción de Gijón, que dirige las diligencias penales.
El procedimiento sigue abierto y una de las líneas de trabajo prioritarias es determinar si hubo más episodios similares protagonizados por el mismo acusado. Los investigadores tratan de esclarecer si el árbitro pudo actuar de la misma forma en el pasado y si existen otras posibles víctimas que no llegaron a denunciar los hechos por miedo a represalias. La hipótesis de que la falsa condición de policía sirviera para generar silencio y evitar denuncias está sobre la mesa.
Fuentes próximas a la investigación apuntan a que el temor de la víctima a ser expulsada del país pudo ser determinante para que aceptara inicialmente la situación de coacción. Ese factor es habitual en este tipo de delitos y complica la detección de los hechos, ya que muchas mujeres en situación irregular evitan cualquier contacto con las fuerzas de seguridad. Precisamente por ello, los investigadores tratan ahora de lanzar mensajes de protección y de confianza a posibles afectadas.
La instrucción continúa a la espera de nuevas declaraciones, informes periciales y posibles denuncias adicionales. El juzgado de Gijón deberá decidir en las próximas semanas si amplía las imputaciones y qué medidas cautelares adopta respecto al investigado,