Irán sigue con un ojo el viaje de Benjamín Netanyahu a Washington, donde tratará el posible ataque a la república islámica con Donald Trump, y con otro el frente interno, lleno de incertidumbre tras las protestas de enero. La imagen de flexibilidad que trata de ofrecer al exterior con la vuelta al diálogo nuclear, contrasta con la mano dura y los arrestos de voces críticas en casa. Las autoridades islámicas lanzaron una purga entre la cúpula de la corriente reformista y realizaron al menos cuatro detenciones de destacados dirigentes. Azar Mansouri, jefa del Frente Reformista, Mohsen Aminzadeh, exdiplomático y número dos de la corriente, Ebrahim Asgharzadeh, exparlamentario y rostro histórico del reformismo, y Javad Emran , portavoz del Frente Reformista, fueron detenidos bajo la acusación de «alterar el orden político y social del país» y de trabajar «en beneficio» de Israel y Estados Unidos durante las protestas de enero. Se trata de figuras importantes de esta corriente que aboga por las reformas y el aperturismo, siempre dentro del marco de la república islámica y de respeto al Líder Supremo, Ali Jamenei , que jugaron un papel clave en la victoria electoral de Masoud Pezeshkian en las presidenciales de 2025. El abogado defensor, Hojjat Kermani , recordó en la agencia Isna que «estas figuras tienen antecedentes de activismo político y encarcelamientos». El Frente Reformista, un paraguas que recoge a decenas de grupos de esta corriente, confirmó las detenciones informó de que otros altos cargos habían recibido citaciones judiciales. El propio Pezeshkian forma parte también de esta coalición de grupos políticos. Los problemas con el Frente Reformista comenzaron cuando difundieron un comunicado tras las miles de muertes en las protestas de comienzo de año. En el texto dijeron que compartían «la gran catástrofe» sufrida por el pueblo iraní y pidieron reformas profundas y la creación de una comisión independiente de investigación. Las autoridades elevaron a 3.117 el número de muertos durante los disturbios y rechazaron las acusaciones de la ONU y de organizaciones internacionales de derechos humanos que responsabilizan a las fuerzas de seguridad de la brutal represión. La agencia estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirma haber verificado 6.961 muertos. La versión oficial del régimen defiende que mercenarios armados, entrenados y financiados por Estados Unidos e Israel, actuaron sobre el terreno, provocando lo que consideran «terrorismo urbano» y les señalan como los autores de las muertes. El jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei , justificó los arrestos porque «quienes emiten comunicados contra la república islámica desde dentro están en acuerdo con el régimen sionista y con Estados Unidos ». Ejei describió a los responsables del comunicado como personas «desgraciadas y miserables» y advirtió de que «sufrirán pérdidas». Las palabras del clérigo ultraconservador fueron órdenes para la Guardia Revolucionaria que, en apenas 24 horas, descabezó al reformismo iraní. La división política interna se asemeja a la que se vivió en 2009 tras la polémica reelección de Mahmoud Ahmadineyad . El entonces candidato del bloque reformista, Mir Hossein Mousavi, denunció el fraude en las urnas a favor del dirigente ultraconservador y estalló la que fue bautizada como 'Revuelta verde', por el color que empleó Mousavi durante la campaña. Las calles de Teherán vivieron movilizaciones masivas, las autoridades respondieron con mano dura contra los manifestantes y detuvieron a Mousavi, su esposa, Zara Rahnavard, y al clérigo Mehdi Kerroubi , las tres figuras clave que cuestionaron la limpieza del proceso. Han pasado 17 años y los tres líderes reformistas siguen en arresto domiciliario. Mousavi, la voz más representativa de la disidencia interna, tuvo también duras palabras desde su domicilio contra el sistema tras la brutalidad de la respuesta a las protestas. El ex primer ministro defendió que esta matanza es una prueba más de que el régimen teocrático nunca se reformará y debe ser reemplazado. «Depongan las armas y abandonen el poder», dijo el dirigente de 83 años en un comunicado en el que aseguró que «el juego ha terminado» y pedir un referéndum constitucional para permitir una transición de poder «democrática y pacífica». «¿En qué idioma tiene que decirles la gente que ya no los quiere?», preguntó Mousavi en el texto.
