La Audiencia alarga el secreto de la trama Leire y protege un mes más las pesquisas de la UCO
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prorrogado un mes más el secreto vigente en la investigación penal abierta contra Leire Díez por una presunta trama de corrupción en la SEPI.
Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que la medida se acuerda en pleno análisis de todo el material que la Guardia Civil se incautó en los registros del pasado mes de diciembre. Desde entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) trabaja a destajo para examinar todos los documentos que se llevaron de la SEPI, de Correos, de los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y de empresas implicadas en la causa como Enusa, Mercasa, Forestalia o Sepides.
Además, registraron también las viviendas de los tres presuntos cabecillas de la trama. Se trata de la exmilitante socialista Leire Díez; del que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández y de Antxon Alonso. Este último es un empresario muy cercano a Santos Cerdán que ya figura como imputado en el "caso Koldo" por las adjudicaciones que se anotó con su empresa Servinabar desde el Ministerio de Transportes en el periodo de José Luis Ábalos.
Más investigados
Con todo, no se prevé que el secreto de las actuaciones se prorrogue mucho en el tiempo, ya que hay más investigados en las diligencias que desfilarán por la Audiencia Nacional cuando se levante el secreto de las mismas. En ese sentido, imputados como Leire Díez han pedido al juez que revoque esta medida dado que se le está causando indefensión al no poder acceder al contenido del sumario.
De hecho, consiguió que el juez instructor le desbloqueara una de las cuentas bancarias que analiza la Guardia Civil para poder atender "sus gastos más elementales". Sin embargo, la causa seguirá al menos un mes más bajo secreto de sumario en busca de información vinculada con esta presunta organización criminal.
El magistrado Pedraz les investiga por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, organización criminal y malversación de caudales públicos. La Guardia Civil sostiene que los imputados integraron un grupo (que bautizaron como Hirurok) a través del cual influyeron en la adjudicación de diversos expedientes públicos aprovechándose de su posición y de su capacidad de influencia sobre terceros.
133 millones en cinco pelotazos
Los agentes apuntaron a un presunto amaño de 133 millones de euros con cinco contratos públicos vinculados a la SEPI o a empresas ligadas con este ente público. A cambio, percibieron comisiones que ascenderían a 730.000 euros y que variaron en función de la persona.
Otra parte importante de los fondos se canalizó a través de Mediaciones Martínez S.L Se trata de una pequeña mercantil que desde 2024 opera con el nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma S.L y que tiene detrás a Carmelo Aznárez; un asesor fiscal que, a su vez, aparece vinculado a una veintena de sociedades. Con todo, la mayor parte de los fondos que percibieron por su mediación en estos pelotazos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca.
Entre las cinco operaciones que investiga la Guardia Civil destaca el rescate de Tubos Reunidos en julio de 2021 por 112,8 millones de euros. Los agentes sospechan que el grupo influyó para priorizar la inyección de dinero público a esta firma por delante de otras. Para ello habría jugado un papel clave el que fuera presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, Vicente Fernández, dado su nivel de influencia en el ente público.
A esta operación se añade la adjudicación del contrato púbico del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L para desmantelar los terrenos de las antiguas baterías de coques en Avilés (Asturias); la financiación con 17,3 millones de euros de Arapellet S.L, compañía participada al 100% por Forestalia; el contrato de Mercasa en favor de la empresa de Alonso para elaborar un informe técnico y, finalmente, una adjudicación de Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes S.L.P. Enusa es una empresa pública participada al 60% por la SEPI, en la que ejerció como responsable de comunicación Leire Díez entre 2018 y 2021.