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Rafael López Aliaga: Fiscalía investiga a líder de Renovación Popular por presunta destrucción de casonas

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El Ministerio Público mantiene bajo la lupa a Rafael López Aliaga. La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el líder de Renovación Popular por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales en el Cercado de Lima. El caso se centra en la demolición de diversas casonas históricas que contaban con protección patrimonial. Estas acciones habrían facilitado el desarrollo de un proyecto inmobiliario privado durante su paso por la administración municipal.

La denuncia penal, interpuesta por la Confederación Nacional de Comerciantes de Mesa Redonda (CONACO), señala que el exalcalde habría permitido la afectación de estructuras coloniales y republicanas. Los hechos ocurrieron presuentamente en el área que comprende la avenida Roosevelt y el jirón Azángaro. En este espacio se levanta actualmente un complejo de edificios llamado "Qantua", el cual habría reemplazado los predios de alto valor histórico.

Denuncia a Rafael López Aliaga y funcionarios de la Municipalidad de Lima. Foto: La República

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La responsabilidad de Rafael López Aliaga recae en la presunta omisión de sus deberes funcionales. Según la denuncia, el candidato a la presidencia de Renovación Popular no activó los mecanismos de protección necesarios para evitar el desmantelamiento de los inmuebles. El Ministerio de Cultura y PROLIMA figuran como las entidades agraviadas en este proceso.

La denuncia fue presentada el 26 de setiembre del 2025. Foto: La República

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El historial de inasistencias de Rafael López Aliaga

El fiscal Juan Antonio Suma dejó constancia de la conducta esquiva de Rafael López Aliaga. El candidato a la presidencia faltó a su primera cita programada para el 10 de diciembre de 2025. El despacho fiscal remarcó que, a pesar de la notificación oportuna, López Aliaga no presentó ninguna justificación válida por su ausencia.

Ante el primer desplante, la Fiscalía reprogramó la diligencia para el pasado 22 de enero de 2026. La disposición fue drástica: el Ministerio Público advirtió que esta sería la única oportunidad para declarar de forma voluntaria. El documento fiscal estableció que, si el investigado volvía a faltar, se activaría la conducción compulsiva. Esto significa que la policía tiene la orden de llevarlo al despacho judicial por la fuerza.

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La situación legal se agrava con una nueva convocatoria. El exalcalde de Lima está citado para el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana. En esta ocasión, la declaración será virtual. La Fiscalía busca cerrar el círculo de declaraciones antes de pasar a la siguiente etapa procesal por la destrucción de las casonas.

Esta es la tercera citación de López Aliaga para brindar sus descargos. De no presentarse, se haría uso de la fuerza. Foto: La República

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Un proyecto inmobiliario sobre escombros históricos

El epicentro del conflicto legal es el proyecto "Qantua". Los planos de esta obra se trazaron sobre terrenos que antes ocupaban casonas catalogadas como Patrimonio Cultural. La Fiscalía señala que las licencias y autorizaciones se habrían gestionado de manera irregular. Los documentos sugieren que la gestión de Rafael López Aliaga ignoró las advertencias técnicas que prohibían la demolición total de estas fachadas.

El expediente judicial menciona específicamente los predios ubicados en el jirón Azángaro con los números 1050, 1060 y 1070. Estos inmuebles formaban parte del Ambiente Urbano Monumental del Palacio de Justicia. La denuncia sostiene que la destrucción de estos bienes no solo afecta la estética de la ciudad. También borra parte de la memoria histórica del tejido urbano del siglo XIX y XX que la UNESCO recomienda proteger.

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Sector de casonas con valor monumental que habrían sido destruidas para construir complejo inmobiliario. Foto: La República

La defensa de la municipalidad y del partido Renovación Popular ha intentado minimizar los hechos. Sin embargo, los informes de inspección indican que el daño es irreversible. Las casonas ya no existen y en su lugar solo quedan cimientos de concreto moderno. La investigación de la Fiscalía apunta a determinar si existió un beneficio económico directo para terceros al permitir estas obras privadas sobre suelo protegido.















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