"Colectivo de huidos": los imputados tratan de sacar del foco a los etarras de Venezuela

La defensa de los siete imputados por integración en organización terrorista en la investigación al «colectivo de huidos» de ETA rechaza que la Audiencia Nacional siga el rastro de 14 etarras refugiados en Venezuela, entre ellos el sanguinario José Ignacio de Juana Chaos, tal y como ha pedido al magistrado Francisco de Jorge Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en este procedimiento. Asimismo, también se opone a que se reclame a Estados Unidos la información con la que cuenta en el marco de la investigación por narcotráfico al exjefe de Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Armando «el Pollo» Carvajal (quien tras ser detenido en España fue extraditado a Estados Unidos).

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la asociación que preside Daniel Portero ha instado al juez –tras la detención de Nicolás Maduro por EE UU– a solicitar información a Venezuela sobre los etarras De Juana Chaos –condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los que cumplió 21 en la cárcel–; Arturo Cubillas (al que en la actualidad se sitúa en nuestro país), a quien España reclamó sin éxito en el marco de la investigación por los supuestos vínculos de ETA y las FARC; Eugenio Barrutiabengoa; el exdirigente de ETA y antiguo miembro del «comando Goierri» José Luis Eciolaza, «Dienteputo», condenado por una veintena de atentados; Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola, viuda del etarra «Argala», Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

"Indeterminadas y arbitrarias"

Pero los integrantes del «colectivo de huidos políticos vascos» (EIPK) investigados en la Audiencia Nacional se oponen a que se abra esa línea de pesquisas para precisar la supuesta vinculación de esos 14 etarras con el «aparato de huidos», como pretende DyJ. En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa advierte de que esas diligencias son «indeterminadas y arbitrarias», desbordan el objeto de la causa y conducen a una «inquisición general prohibida en el ordenamiento jurídico», por lo que no resultan «pertinentes ni necesarias».

La letrada de los investigados, Amaia Izko, recuerda que la instrucción se prolonga desde hace más de año y medio y en ese tiempo, pese a que se han incorporado al procedimiento tres informes de la Guardia Civil en relación al principal imputado –el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo», y al «colectivo de refugiados»–, ninguno de los 14 etarras a los que Dignidad y Justicia quiere seguir el rastro «son personas investigadas en el presente procedimiento».

Según se queja, la acusación popular «ni concreta ni atribuye a las personas que menciona hecho alguno», pues «se limita a señalar que residen en Venezuela». Y sobre esos mimbres, señala, quiere que se indague en un posible vinculación con el EIPK «como estructura de la organización ETA». A este respecto, la letrada expone que el procedimiento penal no permite dar este paso «sin que existan hechos concretos que hayan aparecido en la causa y que se deban investigar».

Investigación "prospectiva"

Al margen de su supuesta residencia en Venezuela, «que ni siquiera se acredita» –asegura la defensa–, solo se mencionan «los hechos por los que se les siguen causas en esta Audiencia Nacional y en las que están declarados rebeldes». Y hace hincapié en que el último informe de la Guardia Civil, de septiembre del pasado año, «en modo alguno recoge» dato alguno sobre «su integración o responsabilidad en el EIPK».

Para los imputados, librar comisiones rogatorias a Venezuela y Estados Unidos supone llevar a cabo «una revisión general de la actuación» de estas personas. Se trata, denuncia la defensa de los imputados, de una «investigación penal prospectiva» que «desborda injustificadamente» el objeto del procedimiento y que conduciría irremisiblemente a una «causa o inquisición general».

En cuanto a la petición a Estados Unidos, cuestiona que la base para dar ese paso sea "el conocimiento a través de los medios de comunicación de una inconcreta documentación que habría sido incautada a Hugo Armando Carvajal", así como "un cambio de Gobierno en Venezuela" tras la detención de Maduro. Lo que tacha de impertinente y "abiertamente prospectivo" y, según dice, supondría además "la paralización del procedimiento", entorpeciendo el derecho de los investigados a que el procedimiento se tramite "además de con todas las garantías, dentro de un plazo razonable".

La acusación popular, subraya, "no pretende con las diligencias que solicita la investigación de unos hechos", sino impulsar una investigación "para determinar si existen esos hechos o esos indicios". Algo que la letrada considera incompatible con el Estado de Derecho y con el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juicio justo.

Rama del "aparato político" de ETA

Dignidad y Justicia ha instado a De Jorge a librar una comisión rogatoria a Venezuela para que facilite "cuanta información tengan" de esos 14 etarras, sobre todo de su «vinculación o pertenencia» al «colectivo de refugiados» de ETA, así como respecto a las «funciones desarrolladas, contactos con otros miembros de ETA, labores de enlace y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo» dependiente del «aparato político» de la banda terrorista. Una información que también pretende que el juez reclame a Estados Unidos en el marco del proceso por narcotráfico «El Pollo» Carvajal.

En ese escrito, la abogada de la asociación, Vanessa Santiago, recuerda que Venezuela «ha sido y es uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA que han huido» esquivando la acción de la Justicia española para evitar «responder por los delitos cometidos en el seno de la organización terrorista».

La letrada alude al cambio en Venezuela después de que tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro en el poder, los etarras huidos a Venezuela hayan gozado de «protección», haciendo «inviable» su entrega a España, ante las reiteradas negativas a las múltiples peticiones de extradición que cayeron en saco roto, lo que ha hecho que en algunos casos los hechos por los que se les reclamaba hayan prescrito.

Ahora, con el «cambio de la situación política» en Venezuela -apunta DyJ-, la asociación de Daniel Portero considera que se abre una ventana a una posible «predisposición a colaborar con España en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA».