Las defensas del exconcejal socialista Rafael Pineda, su mujer Olga Pérez y el que fuera jefe de Terciarios de Emvisesa, tres de los cinco investigados en el conocido como caso Pineda por delitos tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares por el pelotazo urbanístico con una parcela de Emvisesa en El Higuerón, han recurrido ante la juez el embargo de sus cuentas y propiedades que les impuso como medidas cautelares tras dejarlos en libertad la semana pasada. En el recurso del abogado del que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y su mujer se análisis las principales pruebas en contra de sus clientes, así como los hechos que se les relaciona, desde el procedimiento público del arrendamiento de la parcela de la empresa municipal de vivienda en el verano de 2016, su posterior adquisición en 2024 y venta cinco meses después por más del doble de lo que le costó a la sociedad Higuerón Real Estate, de Olga Pérez. También trata de contrarrestar los supuestos favores a terceros desde su despacho de la Plaza de España. Entre estos favores se destacan las gestiones para legalizar a inmigrantes que trabajan para el empresario del ocio nocturno de Gines, investigado en una causa por narcotráfico. Para la Guardia Civil , Pineda tenía una relación de «total servilismo» hacia el dueño del Green House, para el que intermedió con el alcalde socialista del municipio, Romualdo Garrido, para que agilizar la reapertura del local, ya que pesaban varios expedientes de cierre sobre el mismo. Según los informes de la Unidad Central Operativa, Pineda llegó a afirmar que «se partió » la cara para sacar al alcalde del caso de la Pará. Y estas gestiones a cambio de dádivas o contraprestaciones económicas. Según la defensa de Pineda, sobre estos presuntos favores, «no se ha acreditado actuación alguna que pueda constituir ilícito penal. El mero hecho de asistir a comidas o eventos sociales, o de invitar a terceros no es suficiente para configurar cohecho o cualquier otra infracción penal». Pineda ayudó al dueño del Green House «aprovechando sus conocimientos en materia medioambiental y dominio del procedimiento administrativo ». El socialista fue concejal y gerente de Lipasam en el gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín. Así lo recoge el abogado en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, en el que además solicita el archivo de la causa, entre otros motivos por la nulidad de las pruebas. El origen del caso Pineda está en las intervenciones telefónicas que llevó a cabo la Guardia Civil a los principales investigados en una causa por narcotráfico , entre los que está el empresario de Gines. En estas escuchas surgió el nombre de una persona vinculada a la Delegación del Gobierno en Andalucía. Esa persona era Pineda, que entró en dicha oficina de la Administración central de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su 'padrino' político, con el que coincidió en el Ayuntamiento de Sevilla. Tras un breve paréntesis, se mantuvo hasta el último día del pasado mes de agosto, con Pedro Fernández . Según la defensa, estas escuchas son nulas de pleno derecho y en virtud de la teoría de los frutos del árbol envenenado todas las pruebas que surjan de las mismas también deben ser declaradas nulas, como el volcado del terminal del investigado por narcotráfico o el informe económico de matrimonio Pineda-Pérez. El hallazgo casual de Pineda en dichas conversaciones no puede suponer, a criterio del abogado, que se siga buscando indicios contra el socialista en los siguientes pinchazos. La instructora, ante el conocimiento de que la actuación del ex jefe de gabinete de Pedro Fernández podría constituir delitos de cohecho o tráfico de influencias, debió dictar un auto para una intervención de su teléfono y no se hizo. De otro lado, estas tres defensas defienden la legalidad de los dos procedimientos públicos impulsados por Emvisesa sobre la parcela del Higuerón. No obstante, Pineda admite que la parcela estaba secuestrada, al contar su mujer con el arrendamiento por cuarenta años, y perdía interés en el mercado inmobiliario, lo que supuso una bajada de precio y entonces optó Higuerón Real Estate, la única que presentó oferta en la enajenación.
