La balanza Real
La desclasificación de los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23F tenía dos objetivos. Uno, más inmediato y de carácter táctico, desviar la atención informativa de los múltiples casos de corrupción y acoso que acorralan al líder socialista y otro, de carácter más estratégico, consistente en mantener la movilización del electorado socialista, ante el temor a la vuelta de la extrema derecha y que se alinea con otras acciones como la celebración de la muerte del dictador.
No son las únicas medidas. Asuntos como: el aborto, la inmigración, e incluso el enfrentamiento con Donald Trump, se aprovechan para dar altavoz a Vox y difuminar a los populares, cuya posición política es espinosa, al tener que conciliar las preferencias de los votantes más centrados con cortar la fuga de votos a Vox.
Pero, últimamente, las cosas no le salen bien a Pedro Sánchez. El resultado más relevante de la desclasificación ha sido disipar todas las dudas interesadas que se han alimentado durante 45 años acerca de la participación del Rey Juan Carlos en el intento golpista.
Muy al contrario, su figura ha quedado reforzada como garante de la democracia y de la Constitución que hoy disfrutamos y que hace unos días se celebraba que es la más duradera que hemos tenido los españoles.
Feijóo vio rápidamente el hueco que quedaba y abriendo el debate sobre la vuelta del Rey Juan Carlos a España se ha apropiado de la agenda política, algo que, en principio, parecía imposible.
El Gobierno no ha sabido reaccionar y la única salida que se le ha ocurrido es manifestar que su salida del país fue voluntaria, cuando es bien sabido que no es así. La Casa Real se ha visto obligada a ir a rebufo del líder popular, abriendo la puerta de entrada, aunque con alguna condición, como la de tener domicilio fiscal en España, declaración con intencionalidad que se podía haber realizado con carácter más privado.
Quizá el debate sobre la vuelta de Juan Carlos I sea oportuno. Salvar una democracia no tiene precio y los españoles deben valorar con justicia si el servicio al país compensa los errores que haya podido cometer después.
El franquismo lo considera un traidor, nombró a Adolfo Suárez y le encargó democratizar un país dividido en dos mitades, con una Cámara de procuradores que tuvo que votar su autodestrucción y un ejército de larga tradición de asonadas y tomas de poder por la fuerza.
La izquierda tuvo la inteligencia política de aceptar en la jefatura del Estado al Rey, para salvar una nueva Guerra Civil y decía de sí misma que era juancarlista pero no monárquica. Cumplió su papel internacional, llegando a ser aplaudido en ocasiones, como aquella en la que la sociedad española valoró su papel al enfrentarse a Maduro, en una cumbre con países de América Latina por insultar a quien había sido presidente del Gobierno.
No hay que olvidar que, con 88 años, permanece en un destierro tácito y condenado al ostracismo sin haber tenido ninguna sentencia judicial que lo sancionase, mientras otros se encuentran condenados por los tribunales y siguen interviniendo en la gobernabilidad de las instituciones, imponiendo condiciones y modificando leyes, aunque tengan que hacerlo desde Waterloo para no ser prendidos por la justicia.
Don Juan Carlos fue la pieza que decantó la balanza el 23 F cuando los militares franquistas quisieron arrebatarnos las libertades, excusándose en los asesinatos de ETA, cuyos herederos siguen homenajeando a los presos por delitos de sangre y realizando pactos de Gobierno con el PSOE.
La Casa Real cree que distanciándose de él salvaguarda los intereses de la Corona pero, con esa decisión consigue justo lo contrario. Condenándole, dificulta su recuperación pública y la de la institución.
La realeza tiene obligaciones distintas y debe ser más exigente porque cuando quien encarna la corona sufre una erosión, se daña la institución, pero la abdicación fue la respuesta que dio el Rey y después de todos estos años, debería ser suficiente.
La transición española es un ejemplo para muchos países que intentan democratizarse por vías no violentas y la figura de Juan Carlos I se convirtió en el símbolo de un país que se incorporaba al grupo de las democracias más avanzadas.
Hay una corriente importante por borrar y desgastar el proceso constituyente y la manera en que se hizo la transición. Son discursos malintencionados en unos casos y resultado de la ignorancia en otros. No solamente no había otra manera de hacerlo mejor, sino que se hizo de forma excelente.
Todo español tiene derecho a vivir los últimos años en su país y, en este caso, también. Los errores que se cometan, por mucho que sean condenables, no pueden tener como consecuencia el destierro de nadie. Ha llegado la hora de decidir cómo le queremos recordar.