Fiscal Jorge Chávez pide creación de una comisión para revisar leyes ‘pro crimen’
Las leyes pro crimen aprobadas por el Congreso son un punto que algunos candidatos a la presidencia han planteado eliminarlas de llegar a la presidencia. Al respecto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, sostiene que existen muchas de estas normas que ya han sido modificadas y otras que pueden ser modificadas y que es importante analizarlas una por una y que para ello es necesario formar una comisión.
La Ley 32108 es una de las más críticas, promulgada en agosto de 2024, la cual modificó la definición de organización criminal.
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“Esa fue la norma más crítica, la 32108. Nosotros fuimos los primeros que salimos a la prensa, conjuntamente con otros juristas, a decir que esta norma era una norma que violentaba el Estado de derecho, que ponía a la ciudadanía, a la merced del crimen organizado”.
Y esto porque establecía unas exigencias que se deberían cumplir para decir que alguien estaba en crimen organizado. Entre ellas, por ejemplo, elevó la pena mínima para que un delito sea considerado dentro del marco de crimen organizado (de 4 a 6 años), dejando fuera del ámbito de crimen organizado a varios delitos graves. E introdujo cambios en el tema de los allanamientos.
“Pero, gracias a que salimos a protestar y en agosto hubo una marcha de los propietarios, empresarios y la población de los medios de transporte público. Entonces el Congreso retrocede y modifica esta norma con la Ley 32138”.
Esta modificación -explica-sí es correcta porque establece características o elementos normativos que ya la Corte Suprema lo exigía, como, por ejemplo, que para decir que estás frente a una organización criminal, esta organización tenía que tener una compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”.
Dejar en 4 años como era antes
Sin embargo, sostiene que se bajó la valla de seis años a cinco años. Y que en este punto se puede ajustar la norma para dejarla en cuatro años como era antes y además, para estar de acuerdo con lo que establece la Convención de Palermo, la cual dice que un delito grave es aquel cuya pena en el extremo mínimo es mayor a cuatro años.
Y sostiene que se debería modificar porque hay muchos delitos cuya pena es de cuatro para arriba. Entonces, se excluye casi 35 tipos penales, entre ellos, por ejemplo, el tráfico de influencias, y no entra a crimen organizado.
También dentro del catálogo lo sacan a minería ilegal, pero remarcó que hace poco ha salido una norma donde elevan la pena en el extremo mínimo de minería ilegal de cuatro a cinco, es decir, lo introducen a lo que es crimen organizado.
“Y esto es una modificación obviamente positiva, porque en minería ilegal siempre hay crimen organizado atrás. Entonces lo que han hecho es simplemente introducir a los temas de minería ilegal al marco del crimen organizado”, explicó Chávez Cotrina.
Ley de Extinción de Dominio
Asimismo, dijo que la Ley de Extinción de dominio se tiene que modificar porque exigen una sentencia para poder confiscar los bienes a los delincuentes.
“En algunos casos, una pena de primera instancia y, en otros casos, una sentencia consentida. Es decir, que vayan a la segunda instancia y eso te va a demorar 3, 4, 5 años”.
Explica que antes no se exigía ni siquiera que se hiciera una investigación. A cualquiera le quitaban sus bienes sin tener ni siquiera una investigación preliminar.
Chávez señala que se debe ir a un término medio. Que al menos exista una investigación preliminar, pero no esperar a una sentencia “porque los procesos contra acciones criminales demoran de 3 a 4 años”.
Además, propone que se forme una comisión donde estén expertos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Legislativo, del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional para poder revisar todos estos paquetes legislativos aprobados en los últimos años. Esto a fin de establecer qué se puede modificar y mejorar y hacer una legislación coherente, porque hay normas que se contradicen a otras.
El impacto de las leyes pro crimen es que muchos delitos quedaron fuera del alcance de la fiscalía especializada, por ejemplo: estafa agravada, tráfico de influencias y otros delitos usados por mafias. Y la consecuencia directa fue que muchos casos tuvieron que pasar a fiscalías comunes, que tienen menos herramientas y especialización. Esto debilitó investigaciones contra las mafias.