Hugo Bustíos: La justicia que llegó para no quedarse, por Marianella Ledesma
¡Toda una vida, buscando justicia en nuestro país! Digo toda una vida, porque han pasado más de 38 años que Hugo Bustíos (periodista de Caretas) fue asesinado por integrantes de una patrulla militar en Huanta-Ayacucho. Luego de la emboscada, ya herido, le pusieron dinamita para asegurar su muerte.
Por estos hechos, el comandante Vera Hernández (como jefe de Batallón) fue condenado a 17 años de prisión; Amador Vidal (quien colocó la dinamita) a 15 años. Daniel Urresti, quien dirigía la patrulla que emboscó a Bustíos, a 12 años de prisión. A todo ello, los jueces penales calificaron el asesinato como delitos de lesa humanidad, en el marco del Estatuto de Roma. En el proceso para afirmar su responsabilidad penal, se señaló que Urresti estaba sometido a la jerarquía militar y que la adopción de medidas contrasubersivas obedecía a una cadena de mando, que con antelación se planificaba su accionar. La condena fue ratificada en el año 2024. Se decía, se hizo justicia, aunque sea tardía, pero justicia al fin, pero, todo ello ha terminado en la nada.
El Tribunal Constitucional ha ordenado la libertad de Urresti y anulado su condena penal por obra del tiempo, a pesar de ser delitos de lesa humanidad. La condena es nula, no porque sea inocente, sino por los efectos de la prescripción. La regla que los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles por el derecho penal internacional, han sido desechados por el TC sin mayor explicación. ¿una ley puede oponerse a obligaciones que el Estado ha asumido bajo el ius cogens del derecho internacional?
No es una novedad que el Fujimorismo busque impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad; ya lo intentó en la década del 90, pero no tuvo éxito porque el sistema interamericano de derechos humanos lo evitó. Los jueces penales y el TC, asumieron un rol protagónico para la condena de los responsables. Hoy nuevamente buscan lo mismo, a través de la Ley 32107. Urresti invocó dicha ley para alcanzar la prescripción al delito cometido. El TC, amparándose en el principio de legalidad, aplicó la citada ley, que precisa los alcances de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. No estamos ante un asesinato ordinario, sino cometido bajo los parámetros de la lesa humanidad, que son actos atroces cometidos por representantes del Estado (militares), como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Estos actos no son meros incidentes aislados, sino que responden a una política de un Estado o de una organización, por ello, a diferencia de los delitos ordinarios, estos crímenes no prescriben con el paso del tiempo, porque se trata de actos que "ofenden a la humanidad en su conjunto”.
La ley no es todo para el derecho, la costumbre es un referente, de mayor recurrencia en el derecho internacional (ius cogens) y bajo ese escenario, son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH, en el caso Barrios Altos vs Perú, 2001, entre otros, pero el TC guarda silencio sobre ello. No hace un control de convencionalidad. Lo dicho, no es una posición nueva, todo lo contrario, es la influencia de Nuremberg y de la comunidad internacional (ONU).
El juego en pared
Rospigliosi, como congresista, impulsó la Ley 32107, para la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Los miembros del TC (Pacheco, Domínguez, Morales, Gutiérrez, Ochoa y Hernández) aplicaron esa ley para liberar al condenado Urresti; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pide al TC que se aplique esa ley.
Como los jueces del Poder Judicial, inaplican esa ley por ser contraria a la Constitución y al derecho convencional, Rospigliosi realiza una serie de actos de amedrentamiento contra ellos. Ingresa a la audiencia del caso Cayara, para amenazarlos si no aplican la Ley 32107. Además, instó a los órganos disciplinarios sancionen a los jueces que se resistan a aplicar dicha ley. A pesar que estos actos son ilícitos, el Fiscal de la Nación encargado, Tomás Aladino Gálvez blinda a Rospigliosi y archiva las investigaciones fiscales en su contra y pide tolerancia a los jueces, sin considerar que el Código Penal tipifica como delito, la violencia o amenaza contra la autoridad o funcionario público, que impida ejercer sus funciones; siendo un agravante cuando se realiza contra los magistrados del Poder Judicial, pues, la pena puede llegar hasta ocho años de prisión. Asi lo establece el art. 367 Código Penal, sin embargo, el citado Fiscal de la Nación ha decidido no actuar y no velar por la independencia de los jueces, a pesar que es su deber constitucional.
De nada vale que la Constitución (art. 45) diga, que “el poder se ejerce con límites y con responsabilidad”. Eso, es para el Estado formal, pero en el Estado real, el poder se ejerce sin límites y sin responsabilidad, sino ¿cómo se justifica que la Fiscalía de la Nación, cierre la investigación fiscal, frente a un hecho delictivo cometido públicamente por Rospigliosi?, ¿cómo justifica el TC que aplique una ley y guarde silencio sobre el ius cogens en delitos de lesa humanidad? ¿cómo un Defensor del Pueblo, se convierte en el vocero de un condenado para lograr la impunidad de éste?
¿Jueces o leyes?
El dolor no prescribe, dice la familia de Hugo Bustíos. ¡Ello suena fuerte! No es posible que después de 38 años del asesinato y de haber logrado una justa condena de los responsables, hoy el TC aplique una respuesta legal y formal para justificar la impunidad de Urresti. ¿se trata de tener buenas leyes o tener buenos jueces? Carnelutti decía “es preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces, que malos jueces con buenas leyes". Un buen juez puede superar las deficiencias de una norma legal, mientras que una ley excelente puede ser pervertida por un mal juez.
Hay que tener humanidad por el sufrimiento de las víctimas. Son 38 años de su vida que el sistema judicial les ha obligado a transitar y a enfrentarse a los asesinos de Hugo Bustíos; pero ello es minimizado, con respuestas formales y legales; pues, en esencia todos juegan en pared, como un equipo, como una organización a favor del condenado: el Congreso emite la Ley, con la regla que se quiere imponer; el TC santifica y aplica la ley sin dudas ni murmuraciones; el Defensor del pueblo, utiliza la ley para defender al criminal; y el Ministerio Público, protege al promotor de la ley, de los ataques y amenazas que hace a los jueces desde el Congreso.
Todas estas instituciones han revictimizado a la familia de Bustíos; no solo han sufrido la crueldad del asesinato del padre y esposo, han transitado por un agreste sistema judicial con idas y venidas y cuando esta historia parecía haber concluido, el TC de nuestro país, decide tirar a la borda todo lo caminado y anular la condena del asesino, a fin de generarle impunidad. La justicia llegó tarde a nuestro país, llegó de manera breve; estaba herida y moribunda; nos miró a los ojos, nos pidió perdón por no poder quedarse, pero, ofreció que pronto retornaría para hacer de nuestro país, un lugar donde pueda quedarse para siempre. Ese día estoy segura que llegará.