Contraloría cuestiona a Vallejo tras detectar irregularidades en el uso de vehículos fiscales
Según determinó la Contraloría General de la República, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, utilizó vehículos fiscales para asistir a actividades de su partido, mientras que la entonces titular del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo al menos siete reuniones sin registrarlas en la plataforma de la Ley del Lobby.
El informe N°643, de 107 páginas, abarcó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024 y fiscalizó a once autoridades ministeriales. Radio Bío Bío expuso que la investigación se originó tras una denuncia presentada por los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse. El organismo contralor analizó las bitácoras de los vehículos asignados a las autoridades y cruzó sus agendas con los registros públicos de la Ley del Lobby.
La investigación también reveló deficiencias generalizadas en el registro de las bitácoras de vehículos fiscales en diversas subsecretarías. Según el informe, en numerosos casos faltaban datos como la identificación del conductor, la descripción completa del recorrido o la dirección exacta de destino.
Contraloría precisó que no tiene competencia para perseguir responsabilidades administrativas de ministros de Estado, por lo que remitió los antecedentes a la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, instruyó a las subsecretarías involucradas adoptar medidas para mejorar el control del uso de vehículos fiscales y asegurar el registro de todas las audiencias de lobby en la plataforma oficial.
Traslados a actividades partidistas
En el caso de la ministra Vallejo, la Contraloría estableció que utilizó un vehículo institucional el 4 de junio de 2023 y el 19 de abril de 2024 para trasladarse al Teatro Coliseo, en Santiago. El motivo de esos desplazamientos fue asistir al aniversario número 111 del Partido Comunista y al aniversario número 91 del Partido Socialista, respectivamente.
El ente fiscalizador recordó que la normativa prohíbe de manera absoluta el uso de vehículos estatales para fines particulares o ajenos al servicio, incluyendo eventos de carácter político contingente. Los funcionarios públicos, añadió, no pueden participar en actividades partidistas utilizando bienes destinados a la repartición.
Además, la Contraloría cuestionó traslados de Vallejo a direcciones particulares en Las Condes durante 2023. La Subsecretaría General de Gobierno justificó esos desplazamientos como visitas médicas impostergables, pero el organismo indicó que no se presentaron antecedentes que acreditaran un fin institucional.
Reuniones sin registro
Respecto a Jeannette Jara, el informe concluyó que sostuvo al menos siete reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby. Entre ellas figuran encuentros con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con Marta Lagos, con Cristóbal Huneuss y con representantes de organizaciones sindicales.
Situaciones similares se detectaron en otras carteras. En el Ministerio de Minería se identificaron trece reuniones de la entonces ministra Marcela Hernando que no ingresaron al sistema, además de tres actividades de la subsecretaria Suina Chahuán que tampoco fueron informadas.