Etarras refugiados en Venezuela reclaman en la Audiencia Nacional el archivo de causas pendientes
Etarras refugiados en Venezuela han solicitado en la Audiencia Nacional a través de abogados de la izquierda abertzale el archivo de sus causas pendientes después de que Dignidad y Justicia (DyJ) haya pedido al magistrado Francisco de Jorge, que investiga al «aparato de huidos» de ETA, que reclame a Caracas información sobre 14 terroristas protegidos por Nicolás Maduro hasta su captura por Estados Unidos. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, los letrados esgrimen que los hechos objeto de esos procedimientos –que según esas mismas fuentes acumulan decenas de asesinatos– están ya prescritos. Lo que pretenden es un sobreseimiento libre que, a diferencia del sobreseimiento provisional, impide reabrir la causa en el futuro por los mismos hechos.
Entre los etarras que pretenden que la Justicia española dé carpetazo a sus causas pendiente figura Luis María Olalde, quien se incorporó a ETA en 1978 integrándose en el «comando Urola» y habría participado, según la Guardia Civil, en varios atentados.
La lista de los terroristas a los que la asociación que preside Daniel Portero quiere que la Audiencia siga el rastro está encabezada por el sanguinario Iñaki De Juana Chaos –condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los que cumplió 21 en prisión–, y por Arturo Cubillas (aunque este se encuentra actualmente en nuestro país). Investigado en su día por los vínculos entre ETA y las FARC, todos los intentos para que rindiera cuentas ante la Justicia resultaron infructuosos.
De Juana Chaos y Cubillas
Además de De Juana, Cubillas y Olalde, la acusación quiere que el juez indague en los posibles vínculos con el «colectivo de refugiados» de ETA de Eugenio Barrutiabengoa; el exdirigente de ETA y antiguo integrante del «comando Goierri» José Luis Eciolaza, «Dienteputo», condenado por una veintena de atentados; Ángel María Lizarbe; José Ángel Uritz Zabaleta; Javier Arruti; Asunción Arana, Juan José Aristizábal; María Ángeles Artola, viuda del etarra José Miguel Beñarán, «Argala»; Manuel Asier Guridi; Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
¿Por qué después de tantos años estos etarras refugiados en Venezuela quieren asegurarse de limpiar de causas pendientes su pasado terrorista? Fuentes jurídicas no tienen duda de que actúan así por el temor de que la Audiencia Nacional termine reclamando su entrega a Venezuela. No en balde, si hipotéticamente fueran extraditados deberían también rendir cuentas por cualquier procedimiento que siga abierto contra ellos o haya sido archivado de forma provisional (lo que permite reabrir el caso si afloran nuevos indicios delictivos).
Aunque algunas fuentes señalan que tres letrados habituales en la defensa de presos de ETA llegaron a reunirse hace unos días con la Fiscalía para intentar recabar su apoyo a esas peticiones de sobreseimiento por una supuesta prescripción, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Jesús Alonso lo desmienten rotundamente.
Detención de Maduro
Dignidad y Justicia activó su petición de información sobre esos catorce etarras tras la detención de Maduro por EE UU, para calibrar así la «predisposición a colaborar con España» en este asunto de la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez. La letrada de la asociación de víctimas, Vanessa de Santiago, canalizó esta iniciativa –sobre la que casi dos meses después no se ha pronunciado la Fiscalía– en el marco de la investigación por integración en organización terrorista a siete presuntos integrantes del «aparato de huidos» de ETA.
Con Maduro, «inviable»
Y es que tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro en el poder, recordaba la acusación, resultó «inviable» conseguir que estos etarras fuera extraditados a España, dada la «protección» que les brindaba el régimen bolivariano (Cubillas llegó a ser alto cargo el Ministerio de Agricultura).
Hasta el punto de que, admitía DyJ en el escrito enviado a De Jorge, adelantado por este periódico, esa nula colaboración y el transcurso del tiempo ha provocado que en algunos casos los delitos hayan prescrito.
La Fiscalía no se ha pronunciado
A la espera de la decisión que adopte el instructor –y del posicionamiento que adopte finalmente la Fiscalía– sobre indagar o no en el papel que han podido jugar los etarras refugiados en Venezuela en el «colectivo de huidos» de ETA, la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse ahora sobre esas peticiones de sobreseimiento.
Venezuela ha sido, recordaba la acusación en su petición al juez que ha puesto en alerta a los terroristas refugiados allí durante años, «uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA que han huido» para ponerse a salvo de la acción de la Justicia española. Evitando así, incidía, «responder por los delitos cometidos en el seno de la organización terrorista».
Pero la información que se reclama al régimen bolivariano debe precisar, incluso, si los 14 señalados por Dignidad y Justicia continúan residiendo en Venezuela, pues la propia acusación popular apuntó que ese listado –que se nutre en parte de un informe de la Guardia Civil fechado en septiembre de 2025– únicamente acredita que se encontrarían residiendo en Venezuela «a fecha de 4 de abril de 2025».
La documentación de "El Pollo" Carvajal, clave
Dignidad y Justicia pretende que la Audiencia Nacional recabe de Estados Unidos toda la información de la que dispone en su investigación por narcotráfico al exjefe de Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, que fue extraditado tras ser detenido en España en septiembre de 2021 tras casi dos años huido de la Justicia.
Sobre todo, la acusación popular quiere que el juez examine la documentación incautada a Carvajal relativa a los catorce etarras a los que se sitúa en Venezuela. Una documentación que precisa, por ejemplo, cuándo adquirieron la condición de refugiados al concederles la nacionalidad el régimen bolivariano. Así sucede, por ejemplo, en el caso de Manuel Asier Guridi, quien hasta que fue detenido en 1992 en nuestro país integró un «talde» de apoyo al «comando Txantxi». Condenado a diez años de prisión, salió en libertad en 1997 y entre 2001 y 2003 se le situaba en Ekin y en el «aparato de logística» de ETA. La documentación incautada al exjefe de Inteligencia Militar bolivariano reseñaría que fue en diciembre de 2021 cuando se le otorgó la nacionalidad venezolana.
La defensa de los siete imputados en la investigación al «colectivo de refugiados» –con el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo» a la cabeza– se ha negado a que el instructor despache una comisión rogatoria a Estados Unidos para reclamar toda esa documentación, como pretende DyJ.
Según pusieron de relieve en su escrito oponiéndose a las medidas pedidas por la acusación popular, esgrimir «una inconcreta documentación que habría sido incautada a Hugo Armando Carvajal» y un cambio de Gobierno en Venezuela tras la detención de Maduro solo persigue un propósito «abiertamente prospectivo».
Oposición frontal de los investigados
De acceder a abrir esa vía de investigación, alertaba la letrada, se produciría «la paralización del procedimiento» y se vulneraría el derecho de los investigados a que la causa se tramite «además de con todas las garantías, dentro de un plazo razonable».
Para los imputados, Dignidad y Justicia pretender impulsar una investigación en busca de indicios delictivos es incompatible con el Estado de Derecho y con el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juicio justo, por lo que pidió al juez que se oponga.
Los siete investigados por integración en ETA del «colectivo de refugiados» no quieren que la Audiencia Nacional siga el rastro de los etarras afincados en Venezuela. Así se encargó de ponerlo de manifiesto su defensa al oponerse a las medidas que reclama Dignidad y Justicia, que consideran «indeterminadas y arbitrarias» y, por tanto, innecesarias. Unas medidas que llegaron a comparar con «inquisición general prohibida en el ordenamiento jurídico». Los 14 etarras de quienes la acusación quiere que Venezuela aporte información, se quejó su abogada, «son personas investigadas en el presente procedimiento».