Organizaciones de Aysén acusan responsabilidad de Sernageomin en contaminación de tranque de relaves Confluencia de El Toqui

Diversas organizaciones socioambientales de la región de Aysén recurrieron a la Contraloría Regional para solicitar un pronunciamiento respecto del rol del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la contaminación asociada al tranque de relaves Confluencia, perteneciente a la minera El Toqui, ubicada en el sector de Alto Mañihuales, en la comuna de Coyhaique.

El requerimiento fue presentado a comienzos de marzo por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Agrupación Aysén Reserva de Vida, ONG Ecosistemas y la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia. Las organizaciones acusan una serie de irregularidades en la operación del yacimiento que, según señalan, habrían sido desatendidas por el organismo sectorial.

La acción busca que la Contraloría determine si Sernageomin ha cumplido con las exigencias establecidas en la Ley N° 20.551 sobre Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, normativa que regula las obligaciones de las empresas para el cierre seguro de sus operaciones.

Según explicaron las organizaciones, la presentación responde a años de denuncias por contaminación en el sector de Alto Mañihuales, en un contexto donde acusan que ni la empresa ni las autoridades competentes han adoptado medidas suficientes para enfrentar la situación que afecta a la comunidad local.

El presidente de Codesa, Erwin Sandoval, señaló que el requerimiento surge tras un prolongado proceso de trabajo ciudadano que ha buscado impulsar acciones institucionales frente a lo que calificó como una “crisis de derechos humanos” derivada de las operaciones de la minera El Toqui. A su juicio, pese a existir evidencia de larga data sobre la contaminación en la zona, el Estado no ha ejercido plenamente sus atribuciones para abordar el problema.

En tanto, Deisy Avendaño, integrante de la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, indicó que las organizaciones continuarán trabajando junto a la comunidad afectada y visibilizando lo que describió como un abandono estatal. Según señaló, el objetivo principal es resguardar la salud socioambiental del territorio, sus habitantes y la biodiversidad del sector.

Entre los cuestionamientos planteados, las organizaciones sostienen que el Plan de Cierre de Faena Minera El Toqui, aprobado en diciembre de 2018, presentaría irregularidades, además de no haber sido actualizado pese a que el propio Sernageomin solicitó en 2022 su revisión debido a modificaciones sustanciales del proyecto. De acuerdo con la legislación, dicho instrumento debe mantenerse vigente y actualizado para que una faena minera pueda operar.

Asimismo, advirtieron que el plan debió ser auditado y actualizado durante 2023, lo que tampoco habría ocurrido pese a un requerimiento formal de la autoridad. Lo anterior, en base a la Ley N° 20.551, donde se expresa que una empresa minera no puede iniciar ni continuar operaciones sin contar con un plan de cierre aprobado.

Otro de los puntos cuestionados es que actualmente Sernageomin estaría evaluando un plan de cierre únicamente para el tranque de relaves Confluencia, sin considerar la actualización completa del plan de cierre del yacimiento, lo que —según las organizaciones— contravendría lo establecido en la normativa.

A esto se suma que el proyecto de crecimiento del tranque de relaves Confluencia no habría ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a que la Superintendencia del Medio Ambiente lo habría exigido desde 2020. De hecho, en agosto pasado el organismo inició un nuevo procedimiento sancionatorio contra la empresa titular, Minera Pacífico del Sur SpA., por incumplir dicha obligación.

Por lo mismo, las organizaciones solicitaron a la Contraloría determinar si resulta legal que Sernageomin evalúe o autorice un plan de cierre para el tranque mientras la empresa mantenga incumplimientos en materia de evaluación ambiental. En esa misma línea, pidieron que el organismo fiscalizador aclare si el servicio cuenta con competencias para investigar y fiscalizar los impactos que estas infracciones habrían generado en el ambiente y en la población de Alto Mañihuales y sus alrededores.