La Abogacía General del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita o, en su defecto, deniegue las medidas cautelares solicitadas por Hazte Oír contra el real decreto del Gobierno de regularización de inmigrantes. En un escrito presentado ante la Sala Tercera del Alto Tribunal fechado el 8 de mayo, los servicios jurídicos del Estado sostienen que la asociación recurrente carece de legitimación activa para impugnar la norma, pues sus fines estatutarios «son genéricos» y no acreditan un «interés legítimo o un beneficio real» derivado de la anulación del decreto. El conflicto jurídico se centra en dos disposiciones adicionales concretas introduidas en el Reglamento de Extranjería: la dirigida a solicitantes de protección internacional que ya residen y trabajan en España,...
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