Interior hace un uso «inadecuado» del contrato menor para eludir la ley
El Tribunal de Cuentas ha reprochado al ministerio del Interior, titulado por Fernando Grande-Marlaska y, en concreto, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que haya recurrido de forma reiterada a contratos menores en lugar de a procedimientos ordinarios abiertos para la contratación de necesidades «recurrentes». El organismo fiscalizador advierte de que esta práctica compromete los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia de la contratación pública, dado que, al tener un límite en la cuantía económica, no requiere licitación pública y posibilita la adjudicación «a dedo».
En este sentido, en un informe en el que fiscaliza la contratación realizada con cargo al «programa 133A Centros e Instituciones penitenciarias» durante los ejercicios 2023 y 2024, el Tribunal ha detectado que de los 95 expedientes de contrato menor analizados, al menos, en el 30% se utilizó este método de contratación «de forma inadecuada».
Según explica, por ejemplo, «en ninguno de los contratos menores de suministros y servicios consta en la memoria que justifica la necesidad del contrato cómo se realizó el cálculo del presupuesto». Es decir, que sin la explicación de este cálculo o de los criterios establecidos para fijar su valor, «no se puede comprobar que no se esté alterando el objeto con el fin de evitar los umbrales cuantitativos» y eludir la ley de contratos públicos.
Pero también se ha detectado que en otros tantos expedientes las invitaciones a las empresas para que efectúen sus ofertas se ha producido con posterioridad al propio informe motivado del órgano de contratación que justifica la necesidad del contrato. Al respecto, el Tribunal indica que esta práctica puede que se esté llevando a cabo a fin de «soslayar» el recurso a los procedimientos ordinarios y eludir determinadas exigencias de la propia legislación.
En líneas generales, el organismo fiscalizador ha detectado contratos tramitados como menores que «no cumplían los requisitos de los mismos» y cuya figura se justificaba por el importe económico, pero sin acreditar otras tantas circunstancias que avalan esta forma de proceder. Por ello, el tribunal recomienda tomar acción al respecto «como medida antifraude y de lucha contra la corrupción».
Por otro lado, el informe también deja constancia de que el Ministerio del Interior ha ignorado los requerimientos del Tribunal de Cuentas en la remisión obligatoria de información. Según detalla, en casi la mitad de los expedientes, «no se incluyeron de oficio todos los documentos que comprendían el extracto de los mismos».
La fiscalización, que ha comprendido un total de 168 expedientes, valorados en 123,8 millones de euros (lo que representa cerca del 45% del volumen económico examinado) también enfatiza en otras tantas deficiencias relativas al cumplimiento de la normativa de contratación pública como, por ejemplo, en la ausencia de planificación anual.
Según el Tribunal, Instituciones Penitenciarias no publicó el anuncio previo de programación de los contratos sujetos a regulación armonizada ni acreditó haber realizado una planificación efectiva de la contratación, pese a la obligación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Para los fiscalizadores, esa falta de planificación tiene consecuencias prácticas importantes en la concurrencia de pequeñas y medianas empresas y en uso (excesivo) de procedimientos excepcionales por razones de urgencia. Todo ello, añade, aumenta el riesgo de fraccionamiento de contratos y, por ende, de prácticas corruptas.
«Los órganos de contratación deben desarrollar con el debido rigor las actuaciones previas necesarias para efectuar la planificación anual de la contratación administrativa prevista en el artículo 28 de la LCSP, evitando duplicidades, retrasos y un mayor coste económico que se deriva de la falta de planificación», recomienda.
Por otro lado, el organismo fiscalizador hace hincapié también en que en muchas de las licitaciones se han valorado con mayor importancia criterios sometidos a juicios de valor que la propia oferta económica. En estos casos, el tribunal explica que tal valoración debería ser «encomendada a un comité de expertos o a un organismo técnico especializado y ajeno a la entidad» con el objetivo de asegurar la oferta más ventajosa.
Para concluir, el organismo reprocha que, al menos, en el 20% de los contratos analizados el «control de la ejecución o no ha existido o se ha limitado a la conformidad de las facturas sin dar cumplimiento a las exigencias de control de la ejecución previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)», algo que es obligatorio, según la legislación.
La «red Cerdán» amañó la obra de una cárcel
Cabe recordar, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmó en su último atestado, que la «trama Cerdán», en referencia al exsecretario de Organización del PSOE, pudo amañar una obra adjudicada por el Ministerio del Interior que titula Fernando Grande-Marlaska a cambio de una «mordida». Según detallaron, el contrato bajo sospecha es el de la construcción del nuevo centro penitenciario de la localidad de Zubieta (San Sebastián), que fue adjudicado en 2021 por más de 42 millones a una UTE formada por una sociedad vinculada a un «amigo» del exdirigente socialista.