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No cometa el mismo error que Boluarte, presidenta

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El centralismo del Estado peruano es una de sus fallas más antiguas y más documentadas. Las decisiones se toman en Lima, los precios se regulan pensando en Lima y los servicios se diseñan para Lima.

Las regiones amazónicas y del sur pagan por esa lógica con un costo de vida más alto, infraestructura más precaria y con la certeza de que cuando protestan, la respuesta tarda más en llegar que en cualquier otro lugar del país. Ese centralismo no es nuevo, pero se vuelve insoportable cuando el precio del combustible sube y el Estado no tiene mecanismos activos para amortiguar el golpe en las regiones más alejadas.

Ucayali cumple mañana su cuarto día de paro indefinido, con bloqueos en la carretera Federico Basadre y el puente de Aguaytía. El diésel llegó a S/4 por galón y el combustible regular superó los S/20. Los pasajes se duplicaron, llevando incluso a suspender las clases. Tacna, Arequipa y Loreto también registran protestas por el alza del combustible.

Lamentablemente, producto de la falta de atención del Gobierno, en Ucayali, los manifestantes se enfrentaron a la Policía y los huelguistas denuncian presunto uso excesivo de la fuerza.

Ante ello, es fundamental que estas páginas editoriales documenten y pongan en perspectiva lo que estas cuatro regiones reclaman. Por ejemplo, un mototaxista de Pucallpa que paga S/25 por galón para trabajar hasta la tarde del día siguiente no está haciendo política. Está intentando subsistir. El transportista de Tacna cuyo pasaje se duplicó no está pidiendo un cambio de régimen ni es un subversivo.

Está pidiendo que el costo de vivir en su región sea compatible con una vida digna.

Las demandas incluyen además la conclusión del Hospital Regional de Pucallpa, la solución a la protesta universitaria que lleva más de 74 días y salarios pendientes de trabajadores de construcción civil. En general, son deudas acumuladas que el nuevo gobierno hereda y que las regiones ya decidieron que no esperarán más.

Dina Boluarte, con la venia del Congreso anterior, respondió a conflictos con estados de emergencia y represión policial que dejaron decenas de muertos en el sur del país y convirtió cada protesta en una crisis mayor. La presidenta Keiko Fujimori tiene ahora la oportunidad de demostrar realmente que su gobierno puede ser en algo distinto.















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