El conflicto de los corralones de la calle Castellar, en los números 48, 50 y 52 de dicha vía del casco histórico de Sevilla y que desde hace años acogen un garaje, el colegio Calderón de la Barca, locales de artesanos y culturales y algunas viejas viviendas okupadas, ha escalado un peldaño político con la decisión del Parlamento de Andalucía de admitir a trámite una proposición no de Ley, en demanda de su protección como bien de interés cultural (BIC). Se trata de una iniciativa no vinculante registrada por el Grupo parlamentario de Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo (IU), sobre este recinto del centro de Sevilla que ya cuenta con una protección parcial de grado dos en el Plan General de Ordenación Urbana, al estar catalogado con el nivel D del sector 8.2 del Conjunto Histórico, correspondiente al entorno urbano San Andrés-San Martín. En su propuesta, la coalición de izquierdas expone que el origen del recinto se remonta a los siglos XVIII y XIX, con «viviendas obreras y espacios de manufactura», que actualmente cuentan con un «innegable e incalculable valor etnológico». Por eso, reclama al Gobierno andaluz de Juanma Moreno «la anotación preventiva» de este recinto en el Registro General del Patrimonio Cultural de Andalucía y «la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección que prevé la presente ley para los bienes de interés cultural». La iniciativa fue admitida a trámite el pasado 22 de julio, de cara a que el resto de grupos pueda formular enmiendas. En el recinto, que ocupa una inmensa finca en pleno sector norte del casco antiguo, conviven diferentes actividades. Y es que en el número 52 Acc C trabajan algunos artesanos y 'emprendedores culturales'; mientras en el número 52 Acc A funciona un parking operado por Garaje Santa Inés, en el 52 y el 50 se ubica el colegio concertado Calderón de la Barca , en el número 48 acc A también operarían actividades culturales y en el 48 tan sólo hay viviendas, sometidas a ocupación. Actualmente, tan solo una de estas viviendas sigue habitada, mientras respecto a los talleres del interior del conjunto, apenas dos de ellos siguen funcionando. La empresa principal propietaria del recinto, Garaje Santa Inés S.L., planea la venta del todo este extenso conjunto para que el mismo acoja un hotel y nuevas viviendas; frente a la degradación que padece buena parte de la parcela a día de hoy. En ese marco, la actualidad del recinto está marcada por un grave conflicto entre una empresa de desokupación contratada por Garaje Santa Inés y quienes participan o han participado en la okupación de estos espacios y los activistas sociales que defienden que el inmueble perviva como enclave de artesanía y cultura. Recientemente, la Policía Nacional detenía a tres miembros de la empresa de desokupación, después de que rociasen con gas pimienta a vecinos y periodistas que se encontraban en la zona, entre ellos un reportero gráfico de ABC; en el marco los altercados que están marcando el devenir de este enclave, cuya principal propietaria ha optado legítimamente por su venta. Con relación a dicha conflictividad, la proposición no de ley de Por Andalucía pide condenar «las actuaciones de las empresas de desokupación y los métodos intimidantes y violentos acaecidos». Alude a la empresa García Seguridad Integral, especializada en servicios de seguridad, desokupación y escolta privada, que de su lado atribuye los altercados a los activistas pro okupación. Entretanto, la magistrada de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla tiene pendiente la emisión de una sentencia, por el juicio celebrado recientemente sobre una denuncia interpuesta por el que fuera habitante de una de las mencionadas viviendas okupadas contra el responsable de la empresa de desokupación, por un supuesto delito leve de lesiones y otro de amenazas, a cuenta de un presunto altercado acontecido la noche del pasado 29 de abril. El denunciante del asunto reclama para el jefe de la empresa de desokupación dos multas que suman 1.800 euros y el pago de una indemnización de 204 euros; mientras la Fiscalía y la defensa del inculpado han solicitado su libre absolución, bajo la premisa de que no habría quedado acreditado que este hombre llamado Miguel cometiese agresión ninguna la madrugada del 29 de abril en las escaleras del número 48 de la calle Castellar. El asunto, en cualquier caso, contará con un amplificador cuando se debata en el Parlamento de Andalucía, que habrá de pronunciarse ante esta propuesta, mientras el conflicto sigue enquistado.
