El plan oculto de Moncloa para tapar su abandono de Ceuta

Ceuta ha entrado ya como variable electoral en los cuadros de mando de todos los partidos. Arranca el nuevo curso político, condicionado por las elecciones autonómicas y municipales y la fecha de las generales. Las encuestas no han registrado todavía un vuelco atribuible a la entrada masiva de inmigrantes, pero los expertos demoscópicos sí saben que ha cambiado el terreno sobre el que tendrán que competir PSOE, PP y Vox cuando este nuevo mes de septiembre devuelva la política a su ritmo habitual. Durante buena parte de la legislatura, Pedro Sánchez ha podido elegir el marco de la confrontación con la oposición, pero hoy la inmigración, la seguridad y el control de las fronteras le obligan a jugar en un escenario que todos los actores reconocen como especialmente favorable para Vox.

El análisis demoscópico aconseja prudencia antes de traducir la crisis en votos. El último estudio de NC Report, realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto, situaba al PP en el 34,2 por ciento, al PSOE en el 25,2 y a Vox en el 18. Los populares cedían tres décimas respecto al mes anterior, mientras socialistas y Vox avanzaban dos. No existe, por tanto, evidencia demoscópica suficiente para sostener que Ceuta haya provocado ya un desplazamiento significativo del electorado. Pero sí existe un cambio político anterior al voto: ha variado la agenda.

Vox lleva años intentando convertir la inmigración, la seguridad, las fronteras y la soberanía en cuestiones centrales del debate nacional. Y este verano no ha necesitado imponerlas, Ceuta lo ha hecho por ellos.

Esta es su principal ventaja, aunque todavía no pueda cuantificarse electoralmente. El partido de Santiago Abascal compite ahora sobre asuntos que forman parte de su identidad política y en los que puede mantener posiciones más duras sin necesidad de modificar sustancialmente su discurso. Pero para el PP la situación es bastante más compleja.

Alberto Núñez Feijóo había llegado al verano intentando concentrar el desgaste de Sánchez en la corrupción y en el agotamiento de la legislatura, pero también aquí Ceuta ha modificado las prioridades. El PP ha sido hábil en colocar la inmigración en el centro de su estrategia, ha forzado la actividad parlamentaria durante agosto y su líder se ha desplazado dos veces a la ciudad autónoma. El endurecimiento del discurso responde a la magnitud de la crisis, pero también a la necesidad de impedir que Vox monopolice una cuestión que puede adquirir un peso electoral creciente.

Cuanto más se desplace el debate hacia la inmigración irregular y la seguridad, más posibilidades tendrá el PP de erosionar al Gobierno, pero también más importancia adquirirá el partido que lleva años construyendo su identidad alrededor de esos asuntos. En Génova saben que Feijóo necesita responsabilizar a Sánchez del descontrol sin convertir a Abascal en el propietario político del diagnóstico. Un reto mayúsculo.

En las filas populares también apuntan que la posición institucional del PP añade otra limitación. Juan Vivas gobierna Ceuta y ha mantenido durante la crisis una línea más vinculada a la gestión que a la confrontación ideológica. Después de los episodios violentos de las últimas horas, todas las fuerzas representadas en la Asamblea ceutí han firmado una declaración conjunta de condena de la violencia y han reclamado recuperar la normalidad. El PP nacional necesita combinar ese ejercicio de responsabilidad institucional con una oposición muy dura al Ejecutivo. La paradoja para Feijóo es evidente: Ceuta puede desgastar profundamente a Sánchez sin garantizar que todo ese desgaste termine en el PP.

Enfrente, Moncloa tiene otros problemas mayores. Mientras la discusión siga centrada en quién permitió la entrada, por qué no se anticipó, por qué se tardaron 26 días en declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional o cuándo podrán salir quienes todavía permanecen en Ceuta, el Gobierno tendrá poco espacio para recuperar la iniciativa.

Además, todas sus medidas llegan tarde porque se ha entrado en una nueva fase, el riesgo cierto de una espiral de conflictividad social. Sin plan para liberar a Ceuta de la presión de la migración irregular, Moncloa intuye que la violencia abre ahora la posibilidad de desplazar la crisis hacia la responsabilidad de la oposición. Ese movimiento empezó a hacerse visible este viernes: después de la quema de asentamientos, el bloqueo de la ayuda de Cruz Roja y los enfrentamientos de las últimas horas, Fernando Grande-Marlaska dedicó una parte significativa de su comparecencia en el Congreso a denunciar los discursos de odio y el uso de términos como «invasores» o «delincuentes».

El PSOE pidió directamente a Feijóo que contribuyera a frenar la «espiral» de tensión. El Gobierno ha pasado así de no responder por su gestión a exigir responsabilidades políticas por el clima social. No elimina el problema original, sino que es sólo un intento a la desesperada por modificar el marco. Sánchez necesita que Ceuta deje de ser únicamente la historia de un Estado que no pudo impedir una entrada masiva y tardó casi un mes en activar sus recursos. La aparición de la violencia le permite introducir una segunda discusión: quién es el que supuestamente tensiona.