Desde Francia hasta Turquía: así se ha legislado contra los bulos y la desinformación en otros países

En los últimos días, el debate público en España ha estado protagonizado por el impacto de la desinformación y la posible legislación para hacerle frente. Medidas de este tipo ya se han puesto en marcha en otros países, como Francia, Turquía o Filipinas. No obstante, su implementación ha provocado críticas por parte de periodistas y organizaciones alegando que suponen una amenaza para la libertad de expresión.

Francia y la ley de las fake news. En 2018, el parlamento francés aprobó una ley contra “la manipulación de información” en períodos electorales, conocida como “ley de las fake news”. La legislación multa con un año de prisión y 75.000 euros a aquel que la viole (difundiendo desinformación) y, entre otros aspectos, permite: 

• A los partidos, apelar a un juez para que detenga la difusión de “información falsa” durante los tres meses anteriores a los comicios.
• Al Consejo Superior Audiovisual francés, suspender canales de televisión “controlados por un Estado extranjero o bajo la influencia” de ese Estado si “difunden deliberadamente información falsa que pueda afectar la sinceridad de la votación”.

La ley provocó críticas entre organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o el Sindicato Nacional de Periodistas en Francia, que consideraron “vaga” su definición de “noticias falsas” y tacharon la norma de “ineficaz” y “peligrosa”.

Legislación contra la “desinformación” en Turquía. El parlamento turco aprobó una ley en 2022 en contra de la “desinformación” que permite al Gobierno perseguir la difusión de “noticias falsas” en Internet. La norma también generó polémica, especialmente su artículo 29 que castiga con entre uno y tres años de cárcel a quienes difundan información considerada falsa por las autoridades turcas.

• La pena puede ser de hasta el doble si la publicación se comparte de forma anónima.

La norma fue criticada por los partidos de la oposición y organismos como la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, que mostraron preocupación por la “introducción de penas de prisión severas” en la legislación y la “redacción claramente vaga y conceptos no definidos” como “desinformación”. 

• Las instituciones también señalaron que la ley “puede conducir a acciones arbitrarias y políticamente motivadas” y “recortar sustancialmente la libertad de expresión”.

El intento fallido en Filipinas. En 2018, el presidente del Comité de Información Pública y Medios de Comunicación del Senado filipino presentó un proyecto de ley para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales de difundir información falsa. De aprobarse, la legislación sancionaría con penas de prisión y multas de hasta dos millones de pesos (32.400 euros) a aquellos que difundieran desinformación en Internet y redes sociales.

Sin embargo, la norma fue impugnada por “inconstitucional” y el presidente filipino, Rodrigo Duterte (acusado en el pasado de difundir desinformación), aseguró que nunca se aprobaría. 

• Periodistas filipinos se mostraron en contra del proyecto legislativo alegando que las definiciones de términos como “desinformación” eran “demasiado amplias” y que “la criminalización llevaría a la censura”.
• La organización Human Rights Watch también rechazó la norma al considerar que “restringiría excesivamente la libertad de expresión”.

En 2019, el Senado de Filipinas comunicó que el proyecto de ley debía ser revisado para respetar la Constitución. No obstante, en una modificación del Código Penal, se incluyeron penas de hasta 200.000 pesos (3.200 euros) para quienes publiquen “noticias falsas que puedan poner en peligro el orden público o causar daño a los intereses o al crédito del Estado”.