Carmena y la Policía: tres años de protestas, querellas y falta de medios

El 24 de junio de 2015, el Parque del Retiro acogía, como cada año, la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal. Hacía solo 11 días que Manuela Carmena había sido investida alcaldesa de Madrid y el ambiente estaba enrarecido. La exjuez no hizo el pase de revista a los agentes allí formados con uniforme de gala. Y el entonces inspector jefe, Francisco Caletrio, desde el atril, señaló, porque sabía la que se avecinaba, a «aquellos que van de uniforme negro y con boina». Se refería a las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los antidisturbios de un Cuerpo, recordó a la regidora, «uniformado, formado y armado». El nuevo concejal de Seguridad, Javier Barbero, que había sido okupa hasta unas semanas antes, anunciaba: «No quiero que la Policía de Madrid participe en más desahucios». El acto acabó con un desfile y un espontáneo «¡Vivan las UCS!». Al año siguiente, San Juan ya no se celebró en El Retiro, no hubo desfile, ni quedaban rastro de las UCS en las calles de Madrid. Y, en el evento de 2017, se eliminó hasta el Himno de España. Escraches, denuncias, Barbero tachando de «fascistas» a quienes le hicieron un escrache, expedientes, instalaciones tercermundistas, un convenio enquistado y el caso Lavapiés: así han sido estos tres años de pésima relación entre Ahora Madrid y la Policía Municipal. Adiós a los antidisturbios Desde antes de tomar posesión, la marca municipal de Podemos ya avisó de que no quería «una Policía represora», y que las UCS se lo parecían. Era la hora de que el sector okupa del Gobierno local se cobrase su venganza contra los antidisturbios frente a los que habían corrido en tantas algaradas callejeras. La mitad de sus 300 agentes pasaron a otras unidades (se vendió como un refuerzo a los distritos que nunca fue tal) y el resto a la UAS, un sucedáneo de nuevo cuño que apenas pudo hacer nada con su escaso material y atribuciones en los disturbios de Lavapiés. Tuvo que ir la UIP de la Policía Nacional a sacarlos de allí. Escrache a Barbero Javier Barbero y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, obviaron el consejo de los servicios de seguridad del Ayuntamiento y el 16 de febrero de 2016 quisieron salir por la puerta principal de la Casa de la Villa pese a la protesta de 300 agentes contra ellos en la Calle Mayor. Lo que les esperaba era una pitada tremenda, insultos y unos metros hasta el coche oficial que debió de hacérseles eternos. Aquella jornada, horas después, el concejal, lejos de intentar amansar las aguas, echó más leña al fuego (algo que repetiría en polémicas posteriores) y convocó una rueda de prensa en la que se despachó de la siguiente manera: «Esto que ha pasado no es un escrache, sino un ataque a una persona que representa a una institución. Lo sucedido me recuerda a actos de grupos fascistas». Si la protesta inicial, convocada por la eliminación de las UCS entre otros asuntos, fue contundente, estas palabras de Barbero y los expedientes abiertos a un grupo de agentes encotraron respuesta en una denuncia por injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, interpuesta por el sindicato mayoritario, CPPM. Acudió a declarar al juzgado como investigado, pero el asunto penal finalmente quedó archivado. Pero la herida entre el Cuerpo y el concejal ya estaba más que abierta. Jurados populares A mediados de 2016, con la puesta en marcha del nuevo Plan Director de la Policía Municipal, surgieron iniciativas que sembraron la polémica. Una de ellas fue la creación de una suerte de «jurados populares» dentro del proyecto de Policía Comunitaria. Se pondría en marcha en enero de 2017, como experiencia piloto, precisamente en el barrio de Lavapiés. Toda la oposición puso el grito en el cielo (los conflictos de convivencia se dirimirían entre vecinos y asociaciones, para evitar «judicializarlos») y el asunto quedó suspendido por el Pleno de Centro. Otras novedades fueron la Unidad de Gestión de la Diversidad, que nació y sigue sin apenas competencias en su capítulo estrella, los delitos de odio; el refuerzo de los distritos (que prácticamente no se ha notado) y de unidades como la de Medio Ambiente; el Comité Ético; la eliminación de los mencionados antidisturbios, de los servicios de Información y de la Unidad de Apoyo Zonal, dedicada, entre otros asuntos, a la lucha contra la venta ambulante y el trapicheo de drogas. El chat de la polémica El pasado noviembre, un policía de CC.OO., el sindicato afín a Carmena, denunció una serie de afirmaciones de pésimo gusto en un chat privado de policías municipales. Más de un centenar de agentes participaba en ese grupo de WhatsApp, aunque el juez solo ha imputado a tres de ellos, por supuestos delitos de odio e injurias (alabanzas a Hitler e insultos a la alcaldesa, entre otros improperios). El Ayuntamiento, en lo que se ha interpretado como un gesto a su electorado, decidió personarse como acusación en la causa, alimentando así la polémica. «De nuevo, Barbero echando gasolina al fuego», denuncian en círculos policiales. Negociación del convenio Este febrero comenzó la negociación de un nuevo convenio para el Cuerpo, caducado desde 2015. Por ahora solo se ha tratado el asunto de los turnos y los horarios, de manera insatisfactoria para los sindicatos. El concejal de Seguridad prometió una nueva porpuesta para la semana pasada. Ha llegado la Semana Santa y aún están esperándola. Si las conversaciones siguen por los mismos derroteros, se avecinan protestas en la calle. Mientras, arrecian las denuncias por las malas condiciones de las infraestructuras y falta de personal en el Cuerpo. Hay ocho unidades en barracones que finalmente no van a ser trasladadas a nuevos edificios, por, según el Ayuntamiento, «los recortes impuestos por Montoro». Pero la ley, sin embargo, no especifica en qué áreas hay que contener el gasto. El polvorín de Lavapiés Lo ocurrido hace diez días en Lavapiés ha sido la gota que ha colmado el vaso. El edil Barbero no ha hecho más que sembrar la duda en la actuación policial y sus consecuencias en la muerte de un mantero por infarto. Además, la concejal Rommy Arce suma ya tres querellas por sus ataques a los agentes.