Cien mil discapacitados intelectuales podrán votar en nuestro país
Cien mil discapacitados intelectuales, con enfermedad mental y deterioro cognitivo podrán votar en los próximos comicios electorales. La reforma de la Ley Electoral, que permitirá el ejercicio de este derecho a todo este colectivo, sin restricciones de ningún tipo, enfila su recta final en el Congreso. Los partidos que apoyarán, salvo sorpresa, esta reforma, dan los últimos retoques a la tramitación parlamentaria. El objetivo es impedir que una sentencia judicial obstaculice el derecho al voto, como sucede ahora. Ello supone que, a partir de la entrada en vigor de esta norma, todos los discapacitados podrán votar. Estas cien mil personas han sido incapacitadas, por lo que quedarían liberadas de esta restricción. En España hay tres millones y medio de discapacitados psíquicos mayores de 18 años.
Será el final de un largo proceso y la consecución de un hito histórico, que tuvo su origen en la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, celebrada en 2007. Este tratado internacional, que recoge el derecho a la igualdad en la participación en la vida política y pública, fue ratificado por España en mayo de 2008. Desde entonces estaba pendiente la adaptación de su artículo 29 a la legislación española.
La Proposición de Ley (PL) para impulsar esta reforma llegó a la Cámara Baja procedente de la Asamblea de Madrid. El parlamento regional la aprobó en junio de 2017 y la remitió al Congreso para su aprobación. Lo hizo aprovechando la figura del Reglamento de esta cámara, que permite a los parlamentarios regionales someter a la consideración del Congreso asuntos de índole nacional, que tengan impacto en la vida de una comunidad autónoma.
Largo recorrido
Esta iniciativa fue tomada en consideración por unanimidad el 7 de noviembre de 2017. El texto tiene dos artículos. Por un lado, plantea la modificación del artículo 3 de la Ley de Régimen Electoral General. Se trata de eliminar los apartados que recogen restricciones al derecho al voto. El primero señala que carecen de derecho de sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».
El segundo apartado que se quiere eliminar es el que hace referencia a «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».
En relación al segundo artículo, especifica que, a partir de la entrada en vigor de estos cambios, «las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio, por razón de discapacidad, quedan integradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley».
Una vez que recibió luz verde del Pleno, se abrió el plazo para la presentación de enmiendas. Tan solo el Partido Popular presentó una. Esta circunstancia ha sorprendido al resto de los grupos parlamentarios, que entendían que el consenso alcanzado en el debate de su toma en consideración se iba a mantener hasta el final.
Voces discordantes
Los populares distinguen en su enmienda el régimen del derecho de sufragio activo (ejercer el derecho al voto) y pasivo (poder ser elegido). En el primer caso, señalan que «su restricción a las personas con discapacidad debe reducirse a casos muy excepcionales, porque se vincula exclusivamente a la ausencia de capacidad de conocimiento de la persona discapacitada, respecto al hecho de votar». En cambio, quieren que el derecho de sufragio pasivo se vincule «a la capacidad de discernir y a la plena capacidad jurídica y de obrar».
El portavoz de Políticas Integrales para la Discapacidad del Grupo Popular, Ignacio Tremiño, defiende su enmienda afirmando que «garantiza el derecho al voto y que su libertad no pueda ser manipulada». Sin embargo, tanto el PSOE como Ciudadanos y el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) acusan a los populares de volver a poner «cortapisas».
El portavoz del PSOE, Joan Ruiz i Carbonell, aseguró a ABC que la enmienda del PP es «volver atrás y no es en lo que habíamos quedado». El diputado advierte de que votarán en contra de la enmienda que quiere que estas personas «pasen por una especie de control previo». A pesar de rechazarla, Ruiz i Carbonell está convencido de que la reforma saldrá adelante. «Todo da a entender que sí». Por su parte, desde Ciudadanos, el diputado Marcial Gómez, confirma que la enmienda del PP «no nos gusta. Meternos en matices es entrar en un jardín difícil de salir. Nosotros estamos por mantener el texto original y el PP se va a quedar solo».
Finalmente, el presidente del Cermi, Luis Cayo, se siente «profundamente decepcionado» con el PP porque «rompe el consenso». Además, a su juicio, «mantiene restricciones al derecho de sufragio activo. De esas cien mil personas, unas cinco o seis mil no podrían votar, y mantiene un grado, aunque sea minoritario, de medir el discernimiento, e introduciría un elemento, que es privar de derecho de sufragio pasivo a personas con esas discapacidades».
La enmienda se votará en la Ponencia, aún sin convocar, y el texto final pasará al Pleno, posiblemente en junio. La aprobación está prácticamente garantizada.