La Abogacía del Estado rechaza los nombramientos de Quim Torra porque «no se ajustan a la legalidad»
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El Gobierno ha ratificado este martes a la Generalitat que no publicará el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra ya que el informe encargado a los servicios jurídicos del Estado avala que la decisión del president no se ajusta a la legalidad.
Así se lo ha trasladado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, al secretario del Govern, Víctor Cullel, en una carta en la que defiende el «control de legalidad» que sigue teniendo el Gobierno sobre los actos de la Generalitat a consecuencia del 155 y en la que asegura que esos nombramientos no tienen viabilidad jurídica.
El Ejecutivo no había publicado el decreto con los consejeros de Torra debido a que dos de ellos se encuentran en prisión y otros dos huidos de España, y había solicitado un informe a los servicios jurídicos del Estado para determinar si debía hacerlo finalmente o no.
Un informe que, según explica en su carta Bermúdez de Castro, fue concluido ayer y «avala, concreta y desarrolla» las razones del Gobierno para no publicar el decreto.
El Gobierno recuerda que la aplicación del artículo 155 le faculta para someter a autorización los actos, acuerdos, resoluciones o disposiciones normativas que han de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat. Dicha autorización señala que no ha de entenderse, tal y como pretende la Generalitat, como un control meramente formal, y tampoco la publicación como un acto debido y reglado. «Más al contrario. Se configura -precisa- como un auténtico control de legalidad, que no de oportunidad, que resulta de la habilitación que ese artículo 155 ha otorgado al Gobierno para velar por el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica de aplicación, al objeto de seguir manteniendo el orden constitucional frente a actuaciones contrarias al mismo».
Por eso señala que la autorización comporta no solo una mera comprobación formal de determinados requisitos, sino determinar la validez y eficacia de las resoluciones, actos o acuerdos que pudieran ser objeto de publicación. En ese sentido, explica que autorizar la publicación supone entender que el acto se ajusta a la legalidad y, por el contrario, si no lo hace, no podrá autorizarse.
«Partiendo de las premisas expuestas, la propuesta que efectúa en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz, pues atendiendo a parámetros exclusivamente jurídicos, no podrán desempeñar sus funciones institucionales como consejeros con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente», añade la carta del Gobierno.
Una misiva que resalta que, siendo obligación del Gobierno efectuar la pertinente comprobación de la viabilidad jurídica de los nombramientos, no puede autorizarlos porque en este caso esa viabilidad no existe.