Más de un millón de kilos de droga «cazados» en las costas andaluzas
«Tenemos que restablecer el principio de autoridad». Ese fue el mensaje nítido de Policía y Guardia Civil al ministro Fernando Grande-Marlaska en julio de 2018 tras la agresión a nueve agentes y la liberación en volandas de un traficante de medio pelo custodiado en el hospital. Los narcos se habían adueñado del Campo de Gibraltar. Una juez llegó a compararlo con el Nápoles de la «Cosa Nostra».
Un mes después echó a andar el Plan especial de seguridad para esa zona, cuyos resultados en cifras son incuestionables: 1.193 toneladas de droga intervenidas desde entonces, 354 solo en ese territorio; casi 8.500 detenidos por tráfico de estupefacientes y contrabando y más de 19.000 operaciones policiales en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, porque la zona de actuación se ha ampliado. Los «señores» del hachís y la cocaína se han ido moviendo y los agentes, detrás de ellos.
El hachís, con sus «cooperativas» y división estajanovista de tareas, es el rey. Más de medio millón de kilos confiscados, la mitad este año. Ni la pandemia ha frenado a las planeadoras cargadas de droga que han buscado nuevos puntos para desembarcar; lo único que les complicó el confinamiento fue el transporte terrestre.
Si del total de estupefaciente confiscado en las tres provincias el hachís representa más de la mitad (un 52,3 por ciento), en el Campo de Gibraltar ese porcentaje alcanza el 95,6 por ciento. Los datos, con la perspectiva de dos años y medio, evidencian que hacía falta tomar medidas drásticas; acabar con la impunidad. La Policía ya anticipó que, de no hacerlo, lo siguiente sería una «incipiente aparición de un estado de poder del narco paralelo».
Las macrocifras conseguidas han tenido efectos en varios frentes. Se ha descabezado a las organizaciones criminales líderes, como la de los Castañas; se les ha quitado parte de su patrimonio (6.357 operaciones contra el blanqueo de capitales) y se ha logrado reducir la tasa de criminalidad.
«El kilo de hachís está más caro que nunca porque se ha limitado mucho su entrada», señalan fuentes policiales de la lucha contra el narcotráfico. Ahora en España se paga a entre 1.800 y 2.000 euros el kilo, frente a los entre 800 y 1.000 que valía hace poco más de dos años. En el mercado europeo, el precio se ha disparado aún más.
Casi mil agentes más
Pero el aumento de policías y guardias civiles en las tres provincias (900 agentes más que en diciembre de 2017 según datos del Ministerio del Interior) ha derivado en consecuencias inesperadas: más ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y más casos de corrupción de algunos de ellos. «Si se cae la mercancía no te vuelvo a contratar», han escuchado los investigadores a través de los pinchazos telefónicos en más de una ocasión.
«Los jefes amenazan a su gente, luego se meten una raya y si se cruza un policía o un guardia civil en su camino les da lo mismo. Lo que sea por conservar la droga», explican fuentes policiales. «Para conservar su plaza los capos necesitan su tropa y esa tropa se la juega lo que haga falta», insisten estas fuentes. «Estos cabrones no aflojan», dice alguno de los secuaces cuando se amontonan las operaciones contra ellos. «Están cabreados y lo que hacen es, en lugar de meter ocho lanchas una noche, meten dos. Ellos son transportistas, no los dueños de la droga».
El plan especial ha provocado una reubicación tanto de los grupos como de las rutas por ese aumento de la presión policial y ha desplazado también los ajustes de cuentas. Ha sido en la provincia de Málaga y no en la de Cádiz donde más operaciones policiales se han llevado a cabo tanto de narcotráfico como de blanqueo. También se ha intervenido más cocaína en Málaga que en el Campo de Gibraltar y se han producido más detenciones. Si se suma la provincia de Cádiz entera, esta ocupa el primer puesto.
«Aseguradoras» de la carga
Esta «industrialización» de los narcos y el desplazamiento ha obligado a extender el plan a Huelva y Málaga. «Aunque esté funcionando no podemos convertir el plan meridional en un plan peninsular. No es lógico seguir ampliando un plan como este que requiere muchos más agentes y más dinero», reflexionan fuentes policiales. Y añaden que los traficantes no se van a detener y seguirán moviéndose lo que haga falta. En una de las últimas operaciones la Policía encontró siete lanchas juntas cerca de Almería y también las han detectado en Baleares.
La especialización no deja de sorprender: grupos de logística e ingeniería financiera para la droga; otros para comprar la gasolina o los coches de alta gama; transportistas de tierra, escondites para las planeadoras, guarderías para el hachís, servicios de seguridad e incluso «aseguradoras» de la carga. Pese a que muchos de los jefes están en prisión, siguen trabajando. Otros como el Yeyo o el Messi del hachís lograron huir.
«Lo importante ahora es conseguir condenas. El trabajo policial ha funcionado pero no estamos seguros de que algunas de las operaciones a medio o largo plazo no se disuelvan. Lo que les hace daño son las investigaciones de calidad», recalcan las fuentes. En la nómina de detenidos hay desde abuelas testaferros hasta novias investigadas por operarse el pecho.