«Perder la beca podría suponer un doble castigo y la expulsión de la universidad por motivos económicos y no académicos»

El anteproyecto de la Ley de Convivencia adelantado ayer por ABC en el que consta que quienes cometan fraude académico no se les quitará la beca no ha estado exento de reacciones. Andrea Paricio, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) dijo a este periódico que está de acuerdo con «que se haya introducido está modificación en la Ley de Convivencia Universitaria, entendiendo que su no inclusión supondría un sistema de doble castigo por la misma falta. Así, al cometer fraude los estudiantes suspenden la asignatura, y por tanto pierden su derecho a beca para el curso siguiente. No obstante, no tendrán que devolver la beca ya recibida, un castigo desproporcionado que podría suponer la expulsión de la universidad por motivos económicos y no académicos». María Jesús Moro, portavoz de Universidades del PP dijo que «hay que conocer los detalles del texto y ver las excepciones y matices que se han incorporado porque se corre el riesgo de que la norma quede en papel mojado». Añadió que Castells «sigue incómodo con aprobar esta norma y la va descafeinando todo lo que puede. A nadie le gustan las normas disciplinarias, ni el Código Penal, pero son necesarias desafortunadamente y hay que hacerlas bien, con todas las garantías, respetando los derechos de todos. Si no la convivencia será muy difícil y los gestores universitarios no tendrán instrumentos. De ahí a premiar al que defrauda, copia, destruye o deteriora bienes hay una diferencia».