La Eurocámara demanda a la Comisión por no castigar más duramente a Polonia
El Parlamento Europeo como institución presentó ayer una demanda contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que esta no ha cumplido sus obligaciones, no ha respondido adecuadamente ante las violaciones del Estado de derecho en Hungría y Polonia, y no ha querido aplicar todavía el mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al cumplimiento de los principios europeos por parte de todos los países miembros. La insólita decisión tiene pocas posibilidades de prosperar, según el informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara, y demuestra un cierto nerviosismo por parte sobre todo del grupo socialista, que no ha encontrado espacio en el debate polaco, donde la izquierda prácticamente no existe.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha anunciado este viernes la decisión con un mensaje en redes sociales. «Como reclamaban las resoluciones parlamentarias, nuestros servicios jurídicos han presentado ante el Tribunal de Justicia un recurso contra la Comisión Europa por la no aplicación del reglamento sobre la condicionalidad. Dicho reglamento sobre la condicionalidad, adoptado el pasado diciembre, permite suspender los pagos del presupuesto de la UE a los estados miembros en los que el Estado de derecho esté amenazado, pero la Comisión se ha abstenido de servirse de él hasta ahora», afirma Sassoli.
La Comisión ha respondido con otro mensaje de su principal portavoz, Eric Mamer, en el que indica que el Ejecutivo comunitario «toma nota» de esta decisión, pero insiste en que ya está aplicando esta regulación, concretamente «desarrollando el reglamento correspondiente, analizando los casos potenciales y preparando el envío de las cartas [de amonestación] en el momento apropiado».
El grupo popular se ha abstenido
La decisión del Parlamento se toma a propuesta del grupo de Los Verdes, pero ha recibido el apoyo entusiasta de los socialdemócratas, liberales y de la extrema izquierda. El grupo popular estaba en contra aunque se ha abstenido, por no quedar alineado con los populistas que gobiernan Polonia y sus aliados en la Eurocámara. Este gesto solo tiene un precedente hace 35 años en un asunto menor y cuando las reglas de las instituciones europeas eran bien distintas. En estos momentos el resultado de este trámite es bastante incierto.
El mecanismo de condicionalidad que el Parlamento exige que sea utilizado fue aprobada a primeros de año con el paquete del nuevo presupuesto europeo para permitir a la Comisión bloquear fondos a los países que sean acusados de salirse de las reglas democráticas europeas. Los gobiernos de Hungría y, sobre todo, de Polonia están siendo señalados desde múltiples ángulos por comportamientos que se alejan de los estándares básicos de la UE, pero eso no les impidió acudir al Tribunal de Luxemburgo para denunciar este mecanismo como ilegal. Los jueces aún no han resuelto esta demanda contra el reglamento.
Esta sería ya una buena razón para no haber lanzado esta demanda superpuesta contra la Comisión acusando a la institución que preside Ursula von der Leyen de no utilizar un mecanismo legal que está siendo analizado por el mismo tribunal al que acuden. Más chocante es el hecho de que el Parlamento haya preferido este camino, en lugar de plantear, por ejemplo, una moción de confianza contra la Comisión o un acto de reprobación contra alguno de los comisarios. Por no hablar del hecho de que, en Polonia, los responsables del gobierno nacionalista pueden estar celebrando la aparición de grietas de este calibre entre las instituciones comunitarias.
A estas alturas, Polonia ya tiene que hacer frente a dos sanciones firmes que le obligan a pagar en total un millón y medio diario de multa. Un millón por no haber anulado la cámara disciplinaria de los jueces y otro medio millón por negarse a cerrar una mina de carbón que se encuentra a escasos metros del territorio checo.