La 'okupación' alcanza récords en Galicia: 700 viviendas en 2022

Cifra sobre cifra, el fenómeno de la okupación avanza en Galicia de forma imparable cuando hace solo una década los casos registrados eran pocos y anecdóticos. Pero las tornas ha girado, auspiciadas por el encarecimiento de la vivienda y las modificaciones legislativas, y el mapa de zonas calientes se expande al tiempo que los propietarios que temen por la seguridad de sus casas y pisos. Un informe elaborado por la Fegein (Federación Galega de Empresas Inmobiliarias) alerta de que cuatro de cada cinco personas que ponen su vivienda en alquiler «se sienten preocupadas por una posible okupación o por el impago de rentas». Las estadísticas les dan la razón. Según las últimas actualizaciones, el número de viviendas okupadas en Galicia ronda las 700 , teniendo presente que «muchas de estas entradas ilegales ya ni siquiera se denuncian ante la inseguridad jurídica y la tardanza policial para solucionar el problema» inciden los profesionales del gremio. El resultado es que muchas familias afectadas por el problema acaban optando por contratar los servicios de empresas expertas en desalojos o, en el peor de los casos, intenta llegar por ellos mismos a un acuerdo económico con los moradores de la vivienda sin tener presente «el efecto multiplicador que ello conlleva para erradicar este grave problema» , anota Benito Iglesias, al frente de la Fegein. El blanco perfecto para las okupaciones, en el caso concreto de una autonomía como la gallega, lo representan las viviendas procedentes de herencias familiares , en las que de forma transitoria o permanente, no vive nadie. Pero los okupas también acceden a otro tipo de edificios, en este caso de procedencia bancaria, de fondos de inversión o de la Sareb, en los que suelen ser los propios vecinos los que dan la voz de alarma ante este tipo de entradas. Los datos señalan que las okupaciones de viviendas en Galicia suelen dilatarse una media de 15 meses —menos que los 18 meses de la media nacional— y que la finalidad de muchas de ellas es la obtención de un lucro económico ilegal a través de la presión a los legítimos propietarios del inmueble. Los expertos inmobiliarios lo tienen claro y afirman que el coste de una entrada de este tipo para los dueños es altísimo porque «además de verse privados del uso de sus viviendas, tienen que asumir el pago de suministros que las viviendas tengan contratados a su nombre , además de seguir pagando los gastos comunitarios y jurídicos que conlleven la tramitación de procedimientos judiciales y los desperfectos por la marcha de los okupas». Ahondando en el lastre que supone la okupación de un piso o una casa para sus dueños, desde la Fegein destacan que la pérdida de valor de una vivienda que se encuentre en esta situación «puede llegar incluso al 50 por ciento del total». Pero este fenómeno no afecta solo al inmueble en sí, sino a todas las casas que lo rodean. La sensación de inseguridad genera que el vecindario donde está ubicado el domicilio en cuestión pierda valor en el mercado e incluso puede convertirse en un reclamo para nuevas okupaciones. «Se deprecia no solo el valor de la propiedad sino también del resto de propiedades de la zona» confirma Iglesias, que aboga por modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles okupados ilegalmente, y que los jueces puedan ordenar la salida de los asaltantes en 48 horas. Contrario a las medidas que contempla la próxima Ley de vivienda estatal, que califica de incoherentes y de «ataque contra la propiedad privada y la libertad de empresa», Iglesias también estima que el escenario empeora a pasos agigantados. «Las cosas se han agravado en el último año» recalca echando mano de los datos oficiales, con una comparativa interanual que arroja una escalada del 15,3 por ciento en el número de entradas ilegales en viviendas en Galicia con respecto a 2021 y de un 10 por ciento al cierre del 2022, lo que supone «un máximo histórico en esta Comunidad desde que hay registros». Por provincias, son las del norte las que se llevan la peor parte. La Coruña provincia sigue liderando todos los ránkings con más de la mitad de las okupaciones que se registran en Galicia y los problemas en muchos barrios de la ciudad homónima son de sobra conocidos. En este mapa de zonas conflictivas destacan calles como l a Avenida de Arteixo, San Lucas, Barcelona, la ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira o calle del Padre Busto . Tampoco se libra la capital gallega, con especial incidencia del fenómeno en su casco antiguo y en zonas como la Rúa de San Pedro, la Algalia o Cruceiro do Galo. En Lugo, esta radiografía detecta problemas en las zonas de A Milagrosa, el barrio de As Gándaras o A Chanca. Vigo, aunque al sur, es una de las ciudades más perjudicadas por la expansión del fenómeno, que preocupa sobre todo en Teis, Calvario, Cabral y en calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, calle Progreso o Gran Vía . En menor medida, pero también presente y en progresión, el problema llega a otras localidades como Orense (calle Celso Emilio Ferreiro o zona de As Burgas) e incluso a poblaciones de menor tamaño como el área de Barbanza, donde Boiro y Ribeira son puntos en los que también se han producido okupaciones, ligadas sobre todo a segundas residencias de veraneo. Los expertos aconsejan no entrar a negociar nunca con los okupas y exigen respuestas ante una problemática «que se está cronificando en Galicia y que se está enquistando en las grandes ciudades y en municipios costeros y turísticos».